Según ha explicado Suárez-Carreño en una rueda de prensa celebrada en la Junta de Distrito de Tetuán (Madrid), la denuncia –respaldada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina– recoge la «serie de violencia, daños, agresiones» que sufrió durante las dos ocasiones que fue detenido (1970 y 1973) por dicha brigada policial. Concretamente, se centra en la segunda detención, donde Billy el Niño, Manuel Gómez Sandoval y Tomás Nieto Berrocal torturaron al querellante en el interrogatorio.

Para demostrar estos hechos –y que encaje en el artículo 607 bis del Código Penal que establece los delitos de lesa humanidad–, la querella va acompañada de «diversa documentación» recopilada del archivo nacional y un informe pericial elaborado por cuatro expertos. Suárez Carreño, exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria, ha lamentado que de la primera detención no ha podido conseguir los expedientes ni los nombres de los agentes que participaron en el aquel interrogatorio.

El querellante ha subrayado que con esta primera querella individual que se presenta en el Estado español por el delito de torturas en el contexto de crímenes contra la humanidad contra policías del régimen franquista se puede «intentar recuperar la dignidad e intentar sanear la democracia que es imperfecta».

«Acabar con la impunidad»

Sus abogados Manuel Ollé y Jacinto Lara han destacado que se intenta acabar con la «impunidad. Viene a reforzar esa obligación de carácter internacional por parte del Estado español para investigar este tipo de crímenes».

Suárez-Carreño es una de las personas que participa en la conocida como Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. Los letrados han señalado que la acción penal interpuesta este miércoles en Madrid lleva un recorrido paralelo, pero distinto.

Billy el Niño es una de las 19 personas que la magistrada argentina María Servini investiga por su presunta implicación por este mismo delito y en el mismo contexto, por lo que pidió auxilio judicial a las autoridades españolas para proceder a sus interrogatorios.

La Fiscalía general del Estado, dirigida entonces por Consuelo Madrigal, se opuso rotundamente a ayudar a la juez argentina alegando la improcedencia de la práctica del auxilio judicial en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción de los delitos investigados y las consecuencias de la Ley de Memoria Histórica.

Anteriormente, en 2014, la Audiencia Nacional española rechazó extraditar al policía considerar que los 13 delitos de torturas por los que le reclamaba Argentina no pueden ser calificados de lesa humanidad ya que no formaban parte de un «ataque sistemático y organizado y ataque a un grupo de población».

El Ministerio Público también se mostró contrario a entregarle porque entendía que los hechos han prescrito y que, en todo caso, serían los tribunales españoles los competentes para enjuiciarle.