El dinero no es la solución para las diferencias y dificultades políticas a las que se enfrenta la negociación para la formación de Gobierno en Belfast. Si Theresa May confiaba en que los mil millones de euros conseguidos por el DUP a cambio de su apoyo en el Parlamento de Londres a los conservadores iban a ser la solución a todos los problemas, o al menos un incentivo, debe de haberle sorprendido la decisión de Sinn Féin de no abandonar los puntos principales de la agenda de la negociación.

Así pues, llegados el día y la hora límite para el acuerdo –ayer a las 16.00 hora irlandesa– Londres decidió extender el plazo de negociación hasta el próximo lunes, cuando el secretario de estado británico, James Brokenshire hará pública ante la Cámara de los Comunes del Parlamento de Westminster la decisión de Londres de convocar elecciones o suspender las instituciones y volver a un gobierno centralizado.

Aunque el fracaso de la ronda negociadora ya se sospechaba, fue la cancelación de la sesión de la Asamblea legislativa de Belfast ayer a las 14.00 –en la que se esperaba tuviera lugar la elección del primer y del co-primer ministro y la nominación de los responsables de las carteras del ejecutivo de Belfast– la que confirmó la falta de acuerdo, a pesar de las declaraciones del ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney, y de Brokeshire, que afirmaron que se había producido un «avance significativo» en las negociaciones.

Según uno de los negociadores del DUP, Edwin Poots, su partido estaba preparado para nombrar los ministros, pero se encontró con la oposición de Sinn Féin.

El colapso del ejecutivo norirlandés fue causado por la mala gestión del presupuesto del programa de energía renovable por parte de la líder del DUP Arlene Foster, y los intentos de encubrimiento. Esta fue la culminación de una serie de acciones por parte de los unionistas en la Asamblea de Belfast, como el veto a la cooficialidad del gaélico irlandés, al matrimonio gay o a la reforma de la ley del aborto.

Son precisamente esas cuestiones la clave del éxito o del fracaso de las negociaciones, y precisamente la posibilidad de un incremento en los presupuestos del Ejecutivo norirlandés refuerza la demanda de Sinn Féin del establecimiento de mecanismos que garanticen la transparencia en la gestión de los presupuestos por parte de los ministros.

Los republicanos quieren que Foster se aparte del Ejecutivo hasta que concluya la investigación sobre su responsabilidad y conocimiento sobre la mala gestión del programa de energía renovable, que amenazaba con costarle al Ejecutivo norirlandés casi medio millón de libras anuales sobre lo presupuestado.

Las declaraciones contradictorias de Poots, quien afirmó que estaban dispuestos a formar gobierno y seguidamente apuntó a que quedaba «mucho trabajo por hacer» para llegar a un acuerdo, muestran una vez más la actitud unionista de volver a una situación de statu quo en la que el resto de los partidos tiene que aceptar la imposición de su intolerancia.

También manifiesta que, en la euforia de sentirse necesitados por May para el mantenimiento del gobierno conservador en Londres, los unionistas han olvidado que ya no cuentan con la mayoría en la Asamblea de Belfast y que han perdido su derecho a vetar las propuestas a ser discutidas en la cámara norirlandesa.

Cooficialidad del gaélico

Una de las cuestiones que están causando dificultades en las negociaciones es la negativa por parte de los unionistas de aceptar la cooficialidad del gaélico, a pesar de que ello forma parte de los Acuerdos de San Andrés de 2005 y del acuerdo alcanzado en el invierno de 2014, ambos firmados por el DUP.

Los unionistas quieren imponer que el dialecto Ulster-Scots sea incluido en la legislación con los mismos derechos que la lengua irlandesa, una precondición a la que se opone Sinn Féin.

De acuerdo con el censo de 2011, un 8% de la población norirlandesa (140.000 personas) afirma tener algún conocimiento del Ulster-Scots, frente al 11% de los usuarios de gaélico. En el norte de Irlanda, alrededor de 6.000 alumnos son educados en gaélico en escuelas creadas, mantenidas y financiadas por las familias de los estudiantes, pero no existen escuelas en Ulster-Scots.

Otra de las cuestiones pendientes es el legado de los treinta años de conflicto en el norte de Irlanda. Sinn Féin quiere un proceso similar a la comisión de la verdad sudafricana, mientras que los unionistas quieren blindar cualquier investigación sobbre las actividades de las fuerzas de seguridad a través de un acuerdo inicial con el gobierno conservador.

Y por supuesto, los derechos del colectivo LGBTIQ, y principalmente el matrimonio homosexual, son rechazados frontalmente por los unionistas, así como la implementación de la legislación del aborto que se aplica en el resto del Reino Unido. Tanto es así que ayer el gobierno de Londres anunció que subvencionaran los abortos de las norirlandesas, obligadas a viajar a Inglaterra, ante la revuelta contra May en las filas del partido conservador.

May obtiene la confianza del Parlamento en una ajustada votación que refleja su fragilidad

El Gobierno conservador de Theresa May superó ayer un voto de confianza en el Parlamento con el apoyo de los ultraconservadores del DUP norirlandés. Por 323 votos a favor, los diputados de la Cámara de los Comunes aprobaron el programa legislativo de May para los dos próximos años, frente a 309 votos en contra. La primera ministra se vio obligada a acortar su viaje a Berlín para preparar la cumbre del G20 con el fin de volver a tiempo de participar en la votación. Criticada incluso desde el campo conservador, May resiste a demandas de dimisión desde el resultado calamitoso de las legislativas, mientras los medios especulan con el número de meses, y hasta semanas, que le quedan en Downing Street.

Los diez diputados unionistas del DUP fueron claves para superar la votación, después del acuerdo sellado el lunes, gracias a los mil millones de libras adicionales que Londres destinará al norte de Irlanda. Al acecho, el líder laborista, Jeremy Corbyn, dijo estar dispuesto, con sus 262 diputados, a formar su propio gobierno si May no obtenía la confianza del Parlamento. La debilidad de la posición de la primera ministra le obligó a hacer malabarismos al comprometerse a que las mujeres norirlandesas puedan acceder gratuitamente al aborto en Inglaterra, y evitar así someter a votación un asunto en el que sus socios del DUP tienen una posición abiertamente antiabortista.

May no solo depende de los unionistas (cuyas posiciones causan desasosiego incluso entre los diputados conservadores) sino que una rebelión de la bancada tory –dividida, entre otros temas, por la salida de la UE o la austeridad presupuestaria– pondría en peligro su cargo. La mayoría de las leyes anunciadas ayer en el tradicional discurso de la reina conciernen a la salida británica de la UE, cuyas negociaciones formales empezaron la semana pasada, y para la que el plan de May se mira con lupa. Los llamamientos a dar prioridad al empleo y a las empresas en el divorcio con la UE arrecian, y vienen incluso de voces en el Gobierno como el ministro de Finanzas, Philip Hammond, que quiere un periodo de transición para que las empresas se vayan adaptando y no se encuentren de repente «al borde de un acantilado», pero fue rebatido por un colega de gabinete, el ministro a cargo del Brexit, David Davis, que aseguró que sus opiniones «no son muy consistentes». La portavoz de May salió al paso asegurando que todo el Gobierno «comparte la misma posición». Entre tanto, los laboristas abogan por un Brexit suave en el que el país disponga de «total acceso libre de aranceles» al mercado europeo.

Previamente a la votación sobre el plan legislativo, la Cámara rechazó una enmienda laborista contra las medidas de austeridad y otra que pedía el mantenimiento del país en el mercado único y en la unión aduanera.GARA