Fernández ha comparecido en la sede de Lehendakaritza para analizar el debate de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK), que ha deparado un resultado nítido tanto en participación (87,2%) como en apoyo al documento de base que establece una hoja de ruta para lograr acercamientos y excarcelaciones (solo 14,2% de No).

El responsable de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Ejecutivo ha destacado que es positivo y supone un avance para crear un «contexto favorable» a un cambio de la política penitenciaria por parte del Gobierno español.

Ha considerado subrayado que ahora «es preciso pasar de las palabras a los hechos» y cree que la votación tras este debate «debe traducirse en hechos concretos que conllevan dar pasos que no vuelvan a demorarse durante años y que afronten la realidad de las vías legales».

«Es significativo porque, desde el punto de vista legal, el acercamiento de las personas presas a cárceles próximas a su entorno familiar no requiere el cumplimiento de condición previa. Sin embargo, las vías legales e individuales para la progresión de grados y la resocialización requieren un reconocimiento crítico del daño causado. El camino no termina con esta decisión, sino que empieza a partir de esta decisión», ha insistido.

En este sentido, ha subrayado que esta decisión supone un «cambio sustancial de las circunstancias» que han seguido al cese de la actividad armada por parte de ETA que hace «impostergable» que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «comparta» con Lakua «una reflexión sobre el cambio en la política penitenciaria» que, a su juicio, debería contemplar el acercamiento de los presos.

«Este cambio, como primer paso, debe contemplar el acercamiento de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar y atender prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria», ha señalado Fernández.

En este sentido, ha hecho referencia a la carta remitida por el lehendakari al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la que le proponía un encuentro donde abordar, entre otros asuntos, la retirada del recurso de la ley de víctimas de abusos policiales ante el Tribunal Constitucional y la política penitenciaria.

«El elementos fundamental que debe plantearse en un encuentro como ese es constatar que las circunstancias han cambiado y que la política penitenciaria, hoy y hace diez años, no puede ser la misma porque las circunstancias y el contexto son completamente diferentes», ha defendido.

Para Fernández, «ambas instituciones deberían compartir las líneas generales de la política penitenciaria, atendiendo a lo que el propio Parlamento Vasco ha reclamado esta misma semana» y ha desvinculado este asunto de las mayorías políticas existentes en el Congreso porque cree que «debe haber una confluencia de convicciones y de entender que lo mejor para el país, para la sociedad y el futuro es que este tema se gestione de manera acordada, respetando las sensibilidades de todos y los principios legales».

«Esta es la línea a la que estamos aspirando. Tenemos esperanza de que se pueda producir cambios y trabajamos para ello pero desde el punto de vista de la confluencia de convicciones», ha reiterado.