«Quien levanta el dedo y dice independencia, a ese lo investigamos». Son palabras del exdirector adjunto operativo de la Policía española Eugenio Pino, imputado por prevaricación, fraude procesal y falso testimonio en una derivada del caso Pujol. Según las informaciones aparecidas a lo largo de los últimos meses, es uno de los principales impulsores de la Operación Catalunya, el operativo de un grupo de agentes ajeno a la estructura del cuerpo policial dedicado a investigar a políticos independentistas con el objetivo de poner fin al proceso independentista. Es decir, una policía política o «patriótica», según los apellidos que ha ido recibiendo en diversas instancias.

La Operación Catalunya saltó a la palestra hace una semana con la entrevista de Jordi Évole al comisario José Villarejo, turbio personaje de las cloacas del Estado que se dedicó durante más de una hora a encender el ventilador y estampar acusaciones a diestra y siniestra. Imposible descifrar qué es cierto y qué no en las declaraciones de este agente condecorado por gobiernos españoles de todos los colores. Sin embargo, el trabajo de numerosos periodistas, las batallas intestinas en el seno de la Policía española y el trabajo de la comisión de investigación del Parlament de Catalunya –mucho más operativa que su homóloga en el Congreso, bloqueada por PP, Ciudadanos y PSOE– han logrado sacar a relucir varias de las actuaciones más escandalosas de este operativo, así como a algunos de sus responsables, siempre más cerca de Torrente que de James Bond, pero cuyo potencial corrosivo conviene no menospreciar. A continuación tres ejemplos que muestran una pequeña porción de los esfuerzos, cuanto menos irregulares, de un Estado por frenar al independentismo:

Una visita intempestiva

En octubre de 2012, un mes después de la primera Diada masiva y un mes antes de los comicios anticipados por el entonces president, Artur Mas, dos comisarios visitan al fiscal del caso Palau, en el que se investiga la financiación ilegal de Convergència. Según “El País”, uno de los policías es Martín Blas, jefe de Asuntos Internos de la Policía. No tiene absolutamente nada que ver con la investigación del caso Palau, pero sugiere al fiscal la conveniencia de registrar la sede de Convergència en plena campaña electoral.

El fiscal se niega en redondo, por lo que la entrada de la corrupción en la campaña catalana se da por otra vía. Un camino recurrente que pasa por el diario “El Mundo”, tal y como se podrá comprobar. El 16 de noviembre, a apenas nueve días de las elecciones, el periódico dirigido entonces por Pedro J. Ramírez abrió la edición a cinco columnas con un imponente «La policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU». La información se basaba única y exclusivamente en el supuesto borrador de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Sin embargo, semanas después, el jefe de la Unidad aseguró no ser autor de este informe apócrifo que resultó falso en lo referente a Mas.

Pero el daño estaba hecho: CiU perdió 12 diputados en aquellas elecciones, tras las cuales Pedro J. lanzó un tuit antológico: «¡Quién nos iba a decir que en la redacción de “El Mundo” tendríamos la sensación de haber ganado unas elecciones autonómicas en Cataluña!». En lo referente a los Pujol, las informaciones se han mostrado ciertas, aunque también se ha demostrado que el Estado sabía las actividades delictivas de la familia desde hacía tiempo. La grabación de la conversación entre la líder del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, ex amante del hijo mayor de Jordi Pujol, demuestra que el PP conocía el caso al menos desde 2010. Insistimos, al menos. El conocimiento llegaba al más alto nivel, tal y como demuestran los sms enviados por Jorge Moragas, jefe de gabinete de Mariano Rajoy, a la misma Álvarez, animándole a denunciar a los Pujol: «Si dieses una entrevista y lo contases todo salvarías a España y yo te haría un monumento. Besote» –información de Eldiario.es–.

El uso político de la información sobre la familia del expresident se ilustra a la perfección en la revelación que Josep Pujol, otro de los vástagos, ha realizado en más de una ocasión. Explicando un encuentro que tuvo con el comisario Villarejo, Josep aseguró en febrero: «Me dijo: o hacéis una declaración pública y os retractáis sobre la independencia, y nos dais información contra ERC, o esto para vosotros acabará muy mal».

Viajes a Andorra

La obsesión con los Pujol –una mina en cuanto a corrupción se refiere– queda clara también en el episodio del Banc Privat d’Andorra, cuyo director, Higini Cierco, desveló ante una juez andorrana las presiones y amenazas que recibieron por parte de Martín Blas, que amenazó con hundir el banco si no daban información sobre las cuentas de la familia del expresident. La presión llevó a los responsables del banco a entregar unos pantallazos de las cuentas de los Pujol, algo que Cierco declaró haber hecho «por miedo». Unos pantallazos que, sorpresa-sorpresa, fueron publicados por “El Mundo”.

Blas también exigió al BPA información sobre Mas y Junqueras, así como sobre sus familias, sin éxito alguno.

¿Y Fernández Díaz?

El caso más burdo y escandaloso destapado hasta ahora es, probablemente, el del exalcalde de Barcelona Xavier Trias. El 27 de octubre de 2014, a dos semanas de la consulta del 9N, un texto firmado por los periodistas Eduardo Inda, Esteban Urreztieta y Fernando Lázaro, de nuevo en “El Mundo”, aseguraba que «investigan una cuenta de 12,9 millones de Xavier Trias en Andorra». Un dinero que el exalcalde habría transferido en 2013 desde una cuenta en Suiza.

Trias anunció una querella inmediata, tras lo cual, al día siguiente, el mismo periódico publicó el supuesto número de cuenta de Trias en el banco UBS. Una garrafal cantada, ya que el número ni siquiera se correspondía con los códigos numéricos de las cuentas del UBS, y que permitió a Trias desbaratar el montaje inmediatamente, a través de un certificado en el que el propio banco suizo negaba que Trias hubiese tenido cuenta alguna en la entidad.

La derrapada no acabó ahí, sino que a los pocos días el número dos de la Policía, Eugenio Pino, a quienes informaciones periodísticas sitúan como coordinador de la Operación Catalunya, se destapó e insistió en que la Policía había comprobado la existencia de la cuenta de Trias. Hasta la Fiscalía Anticorrupción le plantó archivando el caso sin realizar diligencia adicional ninguna. El caso no se sostenía.

Tiempo después, la grabación de una conversación entre el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz y el director de la oficina antifraude, Daniel de Alfonso, publicada por “Público”, implicó directamente al ministro en el escándalo de Trias. Aunque De Alfonso reconoce que no tiene «ninguna, ninguna prueba, ninguna, ninguna», asegura que le han dicho «que Xavier Trias tiene una cuenta en el extranjero con alrededor de 12 millones». «Es demoledor para él», contesta el ministro en una serie de conversaciones en las que también se registró el famoso «esto la Fiscalía te lo afina» y en las que Fernández Díaz dejó claro que «el presidente del Gobierno lo sabe». Once días después de la conversación se publicó la información en “El Mundo”. Una información que el periodista de “ABC” Javier Chicote también tenía pero que no publicó al considerarla poco fiable.

Aquí no ha pasado nada

Todas estas actuaciones –la punta del iceberg, según se intuye–,, ocurrieron entre los años 2012 y 2014. Hoy día Fernández Díaz no ocupa la cartera de Interior, Eugenio Pino está jubilado, Villarejo está retirado y Martín Blas está apartado –estos dos últimos están enfrentados, según informaciones periodísticas–. Antes, Fernández Díaz condecoró a todos ellos con varias medallas al mérito policial, y aunque la mayoría están siendo investigados por su implicación en otros casos, la de Trias es la única querella que, hasta día de hoy, siga viva en los juzgados.

¿Significa esto que han acabado las operaciones policiales contra el independentismo? Con todas las precauciones, baste recordar que en la campaña del 27S, a diferencia de en 2012, la sede de CDC sí que fue registrada, o que funcionarios empezaron a ser interrogados la semana pasada por la Guardia Civil sin orden judicial ninguna. Ya se sabe, todo es posible en un país en el que las urnas deben comprarse clandestinamente y en el que las cloacas apenas salen a relucir sin consecuencias políticas ni judiciales.