![Larraitz Ugarte, parlamentaria de EH Bildu, en una imagen de archivo. (@ehbildu_legebil)](/media/asset_publics/resources/000/394/150/article_main_landscape/ugarte.jpg)
La Diputación Permanente es el órgano que actúa cuando el Parlamento de Gasteiz se encuentra fuera de los periodos ordinarios de sesiones –setiembre a diciembre y febrero a junio– y aborda temas urgentes para asegurar la continuidad parlamentaria.
Según ha informado la coalición, la Mesa del Parlamento ha rechazado la solicitud de EH Bildu y la Diputación Permanente no se reunirá este mes para investigar «ese desfalco permanente de dinero público».
«Igual que en la gestión escandalosa del Tren de Alta Velocidad (TAV), también en la Mesa del Parlamento PNV y PSE se han unido hoy para impedir el debate sobre esa cuestión rechazando la propuesta de EH Bildu de que en julio se convocara la Diputación Permanente a tal fin», ha criticado.
En la Mesa, Elkarrekin Podemos ha apoyado la iniciativa, mientras que PNV y PSE la han rechazado, de forma que el voto de calidad de la presidenta, Bakartxo Tejería, ha sido determinante para no debatir en julio el texto de EH Bildu, de forma que este tendrá lugar el próximo mes de octubre.
En un comunicado, la parlamentaria de la coalición Larraitz Ugarte ha reiterado que «en el TAV el despilfarro de dinero público es constante, con una gestión lamentable del proyecto desde el primer día, como demuestran las noticias que periódicamente vamos conociendo al respecto».
«El desastre es tal que en un país serio ya habría habido dimisiones, pero aquí, en cambio, PNV y PSE respaldan por completo esa forma de gestión, impiden el debate, defienden la opacidad y se niegan a un debate que debería ser fundamental para todos los partidos, porque se esté de acuerdo o no con el proyecto, lo que nadie puede aceptar es la forma de gestionarlo», ha insistido.
EH Bildu defiende en su iniciativa la importancia de que el Parlamento «repruebe lo que está siendo un desfalco permanente de dinero público» y solicite al Ejecutivo de Lakua que «investigue y depure las responsabilidades políticas que puedan derivarse de esa gestión lamentable, incluidas las que le puedan corresponder a la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia, porque el despilfarro de fondos públicos es incompatible con el desempeño de responsabilidades institucionales».
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