El 9 de julio arranca la campaña para la Asamblea Constituyente que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó para dar salida a la crisis económica, política y social que atraviesa el país, donde desde hace casi tres meses hay protestas antigubernamentales casi a diario y la violencia se extiende En este tiempo se han registrado ochenta víctimas mortales, algunas por disparos de las fuerzas de seguridad que están siendo investigadas, más de 1.500 heridos y cientos de detenidos.

La campaña para la Constituyente finalizará el 27 de julio, tres días antes de los comicios en los que se elegirá, por voto universal directo, a sus 545 integrantes –364 terri- toriales, ocho indígenas y 173 sectoriales– para que elaboren una nueva Constitución que se someterá a referéndum y sustituirá a la promulgada en 1999 por Hugo Chávez.

Maduro, que insta a votar «llueva, truene o relampaguee» y alerta sobre intentos opositores de sabotear estas elecciones, convocó la Asamblea Constituyente para «perfeccionar» el proyecto revolucionario de Chávez y proteger a largo plazo las políticas sociales de la revolución bolivariana, y como un instrumento de diálogo nacional, tras el fracaso de su llamada a una mesa de negociación.

Además, ante las críticas de que esa iniciativa pretende cerrar el camino a las elecciones, el Consejo Nacional Electoral ha fijado los comicios regionales y municipales para el 10 de diciembre, y las ansiadas presidenciales se celebrarán en diciembre de 2018.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha rechazado tomar parte en este proceso, que considera «fraudulento» y tilda de «autogolpe». Según analistas, con el anuncio de la Constituyente, Maduro vuelve a sentar la agenda política y la oposición deberá acoplarse al nuevo panorama. Por el momento, esta ha intensificado sus protestas y llamamientos a mantener su presencia en las calles para reclamar elecciones, liberación de los políticos presos, apertura de un canal humanitario, renovación de los poderes públicos y desarme de las milicias afines al chavismo. Pero, sobre todo, para arrebatar el poder al Gobierno de Maduro, a poder ser antes de la elección de la Constituyente, un proceso que trata de frenar a toda costa.

Desde el 1 de abril se suceden casi a diario las protestas, muchas de las cuales han derivado en graves incidentes que ya han dejado en torno a 90 víctimas mortales, la mayoría en circunstancias no aclaradas, algunas linchadas y de ellas al menos una decena por disparos de las fuerzas de seguridad.

Acusaciones mutuas

Las acusaciones sobre la responsabilidad en esos sucesos entre el Gobierno y la oposición son mutuas, pero así como una treintena de efectivos policiales han sido detenidos o apartados de sus puestos para ser investigados por un «uso indebido y desproporcionado» de la fuerza, ya que Venezuela prohíbe el uso de armas de fuego para el control del orden público, la MUD acusa al Gobierno de todas las muertes y no asume ninguna responsabilidad, aunque no pocas han sido causadas por manifestantes. Además, se han dado saqueos, ataques a guarderías y edificios oficiales e incluso a una base militar.

Son las mayores protestas en el país desde diciembre de 2014, cuando la derecha más extrema salió a las calles durante varios meses para reclamar «la salida» de Maduro, y la violencia en torno a las llamadas «guarimbas» se saldó con 43 muertos y la detención, entre otros, de Leopoldo López, condenado a 14 años de cárcel por incitar a la violencia.

En esta ocasión, el cierre de la vía del revocatorio presidencial fue el primer detonante, pero la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del 31 de marzo de arrogarse las funciones de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, por «desacato» intensificaron las movilizaciones, que se radicalizaron de nuevo tras convocarse la Constituyente.

La oposición habla de «dictadura» y el Gobierno le acusa de fomentar la violencia y de tener planes golpistas con ayuda de organismos internacionales para buscar la legitimidad que abra el camino a una intervención.

Aparentemente, la oposición se mantiene unida, aunque, según analistas, está dividida entre quienes defienden la calle como instrumento de ingobernabilidad para echar a Maduro como sea y quienes ven en ella la vía para construir el poder que les permita negociar y presionar.

Pero este pulso en las calles ha provocado grietas también en las filas chavistas, que se han acentuado tras el incidente de esta semana en la Asamblea Nacional. La más destacada, la de la fiscal general, Luisa Ortega, que considera que algunas decisiones del Supremo violan el orden constitucional y ha expresado su oposición a la Constituyente.