El sindicato recuerda que el vicepresidente Miguel Laparra ha presentado «un supuesto acuerdo sobre políticas activas de empleo cuyo desarrollo será decidido por el mismo Consejo de Diálogo Social creado vía ley por Barcina en 2014 (con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, I-E y PP)».

Añade que el Gobierno de Nafarroa ha anuciado que ha alcanzado un principio de acuerdo con CEN, UGT y CCOO «que se traduce en un documento de 59 páginas sobre Políticas Activas de Empleo (2017-2020) en el que predominan las declaraciones propagandísticas, y cuya dotación presupuestaria se decidirá, aprovechando el verano, en las próximas semanas».

En su opinión, ese documento «no cuestiona las causas de la precariedad y el desempleo (reformas laborales, políticas de la Administración...), y apuesta genéricamente por la calidad en el empleo sin medidas reales que obliguen a una de las partes (la patronal)».

Además, en los aspectos dependientes del Gobierno, «la realidad desmiente rotundamente dicho documento: en la Ley de Contratos Públicos –ahora en tramitación–, el Gobierno se niega a garantizar la subrogación de las plantillas; y en empleo público hace seguidismo del Gobierno de Rajoy (subida salarial del 1%), y no da ningún paso para consolidar puestos de trabajo (obligatorio por sentencia europea). Por otro lado, las menciones genéricas a combatir la discriminación en el empleo y a fomentar el euskara no se traducen en ninguna medida efectiva concreta».

La central sindical añade que el Ejecutivo «ha anunciado este preacuerdo en agosto, época elegida también para dar a conocer otras medidas que sí tienen implicaciones presupuestarias importantes y que contradicen todo lo anterior. Así, subcontrata a una entidad de CCOO (Anafe) un servicio público como la atención a inmigrantes (omitiendo cuidadosamente que se le otorgan 1,2 millones para cuatro años); subcontrata a agencias de colocación y ETT la intermediación en la búsqueda de empleo (1,2 millones para dos años); y subcontrata la orientación laboral en un concurso que se fallará en breve (7,5 millones para cuatro años)».

Por todo ello, ELA vuelve a exigir «la derogación de la Ley Foral 22/2014 que creó el Consejo de Diálogo Social», y recalca su apuesta por «un Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare plenamente público (lo que existe ahora es una maraña institucional donde no se sabe dónde acaba el Gobierno y dónde empieza la capacidad decisoria de CEN, UGT y CCOO)».

En este sentido, se reafirma «en su apuesta por no entrar en dicho SNE-NL, y recuerda al Gobierno de Navarra que desde mayo de 2017 cuenta con una propuesta (presentada junto a LAB) para consolidar el cambio en el ámbito laboral navarro. Consiste en diez medidas que podrían implantarse rápidamente si hubiera voluntad política de mejorar la situación de la clase trabajadora y de responder realmente a la ilusión de la mayoría social que impulsó el cambio político en Navarra».