El sindicato señala en una nota que en su propuesta «recoge múltiples necesidades que el pliego de condiciones del concurso debería cumplir (en principio para un plazo máximo de cuatro años). Por ejemplo, la creación de una comisión de seguimiento del concurso, en la que estarían presentes todos los sindicatos, para controlar de manera real que se cumplen las condiciones mínimas exigidas y las mejoras técnicas ofertadas».

Una prioridad para ELA es que queden «perfectamente definidos los distintos tipos de traslado (ambulancias atendidas solo por una persona o dos). De entrada, todos los traslados deberían ser con dos personas por ambulancia, y solo para traslados muy concretos de una persona, y también cómo se organiza el servicio (con un centro de coordinación y ambulancia de referencia para cada centro hospitalario)».

Otra propuesta pasa por la creación de puestos de Servicios Auxiliares para personas mayores de 55 años.

El pliego también debería recoger, en su opinión, «las condiciones mínimas de habitabilidad de las bases de ambulancias y el lavado de la ropa, además de garantizar la subrogación de las plantillas y la aplicación del convenio sectorial de referencia». Desde ELA se ha solicitado que se dé un impulso real a la formación para que todo el personal tenga el título de Técnico en Emergencias Sanitarias

Además, ha propuesto a Osasunbidea que el próximo concurso para adjudicar el transporte sanitario sea unitario, «de forma que la misma empresa se haga cargo del servicio urgente (red TSU) y del no urgente y programado (TSNU) y que se conviertan en publicas las ambulancias de Soporte Vital Avanzado, como recogen las conclusiones de la Mesa de Transporte Sanitario».

Añade que la aplicación de estas medidas «supondría la creación de alrededor de 50 nuevos puestos de trabajo, una medida imprescindible si se quiere contar con un transporte sanitario fiable, de calidad y respetuoso con las condiciones de trabajo».

ELA se compromete a negociar esta propuesta «como muestra de su compromiso para la mejora de los servicios públicos». Considera que se trata de un servicio público «de primer orden que, mientras siga subcontratado a empresas privadas, debe reunir las mayores condiciones de calidad, respecto a los usuarios y, también en lo referente a los y las trabajadoras».