Aparentemente, no es una ley revolucionaria. La ardua lectura de sus 45 páginas deja la sensación de que, en la mayoría de los puntos, se limita a colocar bajo bandera catalana la actual legislación autonómica y estatal, pero basta con retener en la memoria el artículo primero para ser consciente de su calibre: «Catalunya se constituye en una República de Derecho, democrática y social».

Junts pel Sí y la CUP presentaron ayer el contenido de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de Catalunya, cuyos dos principales objetivos van implícitos en el título de la norma. En primer lugar, garantizar una transición ordenada de la legalidad española a la legalidad catalana en caso de que el Sí gane el referéndum del 1-O. En segundo, establecer los cimientos temporales del nuevo Estado, que será proclamado en las 48 horas posteriores al plebiscito. Es por eso que la Ley presentada ayer es la «norma suprema mientras no sea aprobada la Constitución».

El objetivo de los redactores de la Ley –un grupo muy reducido que no detalló los pormenores de la norma a los diputados independentistas hasta ayer mismo– ha sido tratar de «asegurar la máxima continuidad posible de la regulación existente». No porque agrade especialmente dicha regulación, sino porque la «configuración definitiva del nuevo Estado corresponde a la Constitución» que deberá nacer del proceso constituyente que la propia Transitoriedad Jurídica detalla –tendrá tres fases: proceso participativo, Asamblea Constituyente y referéndum de ratificación–.

Según se aclara en la exposición de motivos de la Ley, uno de los objetivos perseguidos ha sido «que la libertad del futuro poder constituyente no resulte condicionada por decisiones tomadas en esta etapa transitoria». Es por ello que la Transitoriedad Jurídica no abre melones como la pertenencia a la UE, el sistema judicial o el modelo electoral, que deberán ser abordados por la Asamblea Constituyente. Tal y como se resume al inicio del texto legal, «la Ley adopta, en general, el sistema institucional que prevé el Estatut de Autonomía, con las adaptaciones necesarias». Los principales puntos de la norma se desgranan en el texto contiguo.

Aprobación de la Ley

La presentación de la Ley estaba prevista para mediados de agosto, pero las supuestas desavenencias entre el PDECat, ERC y la CUP sobre el calendario de su aprobación retrasaron la presentación. Según publicó la prensa catalana, el PDECat prefería esperar a conocer el resultado del 1-O, mientras ERC y CUP consideraban que, precisamente, la Ley debía aprobarse antes para blindar el carácter vinculante del referéndum. Finalmente, ayer fue el diputado del PDECat Lluís Corominas el que zanjó el asunto: «Todos estamos de acuerdo en que se apruebe antes del 1-O».

«Si gana el No, el marco jurídico es claro y conocido: elecciones autonómicas. A partir de ahora, los partidarios del Sí también tienen un marco jurídico claro», añadió Corominas durante la rueda de prensa ofrecida ayer. A su lado, el diputado de la CUP Benet Salellas consideró que «la presentación de hoy y la futura aprobación antes del 1-O son una interpelación al conjunto del país a que vaya a votar el 1 de octubre».

El PSOE se pone a disposición de Rajoy

Nada más esbozarse los planes del independentismo catalán, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, envió un mensaje al móvil del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, preguntándole si estaba disponible para hablar con él. De inmediato, el jefe del Ejecutivo llamó a Sánchez, quien le expresó el «rechazo frontal» de su partido a esos proyectos que, a su entender, constituyen «un engaño al Estado de Derecho». Según explicó el portavoz del PSOE, Óscar Puente, los dos interlocutores se comprometieron a mantener una comunicación fluida con el objetivo de poner en marcha, «en la medida de lo posible», una «respuesta conjunta» a los pasos de la mayoría del Parlament.

Rajoy y Sánchez no profundizaron sobre esa «respuesta», pero Óscar Puente subrayó que hasta el momento, el Gobierno del PP está actuando «con proporcionalidad y eficacia», si bien el PSOE sigue reclamando al Ejecutivo una «solución política» a este conflicto, porque considera compatible la defensa de la legalidad con el diálogo político que echa en falta.

La posición del Gobierno español es que en la Generalitat de Catalunya ya no queda «ni un mínimo resto de sensatez» y añade el mantra de que la Ley de Transitoriedad «nunca entrará en vigor»; una premonición que también hace suya la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.GARA