El Gobierno francés hizo público ayer un informe en el que se incluyen 36 medidas en el marco de su reforma del mercado laboral, entre las que destacan las que dan una mayor flexibilidad para las empresas en la contratación y fijan la penalización de los despidos injustificados.

El Ejecutivo justifica sus propuestas en la supuesta necesidad de adaptar la remuneración salarial y las horas de trabajo a las nuevas condiciones del mercado laboral, señalando que la legislación actual supone «un freno a la contratación y la inversión». Apuesta también por la negociación directa entre empresa y trabajadores, con la posibilidad de dejar de lado los convenios sectoriales, especialmente en aquellas con menos de 50 empleados, en las que se podrá elegir a un representante de la plantilla sin que necesariamente sea uno sindical, y a través del cual se podrá tener acceso «directo y sencillo» a la negociación.

En el informe también se incide en que se limitarán los despidos que sean considerados «injustificados» por un tribunal y se incrementará la indemnización del salario por año trabajado en una empresa del 20% hasta el 25%. Como recogió Europa Press, el Gobierno puso como ejemplo que un trabajador que gane de media 2.000 euros al mes y sea despedido tras diez años de servicio vería un incremento de su indemnización legal de 4.000 a 5.000 euros.

Los resultados, en dos años

Emmanuel Macron no tomó parte en el acto público que tuvo lugar en Matignon para presentar a la prensa los 36 «decretazos» con los que el Ejecutivo reformará el Código del Trabajo. Esta función corrió a cargo del primer ministro, Edouard Philippe, y de la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud.

No obstante, fue el propio presidente francés el que se encargó de abrir la jornada con este tema a través de los medios; concretamente, con una larga entrevista publicada por el semanario “Le Point”. Macron auguró que el paquete de medidas tardará «entre 18 y 24 meses» en dar resultados. «Es una reforma de transformación profunda y, como me he comprometido, tiene que ser ambiciosa y eficaz para seguir haciendo bajar el paro masivo y no tener que volver a abordar este tema durante el quinquenio», explicó, según trasladó la agencia Efe.

A su juicio, el problema es que el sistema actual «protege muy bien» a los que tienen «un contrato estable», pero lo hace «al precio de la exclusión completa de los demás, los más jóvenes, los menos cualificados». Pero resulta evidente que una cosa no quita la otra y que esta reforma puede agravar la situación si favorece la extensión de la precariedad a todos los grupos, en lugar de enfocarse a reducir la de los más afectados.

También faltó a la verdad al afirmar que la francesa es «la única gran economía de la Unión Europea que no ha vencido el paro masivo desde hace tres décadas», ya que, según los últimos datos de Eurostat, la tasa de desempleo en el Hexágono (9,8) es casi la mitad que la del Estado español (17,7) y sigue por debajo de la de Italia (11,3). Ciertamente, si la comparación se hace con Alemania (3,7) o Gran Bretaña (4,4), el pabellón francés queda en peor lugar.

No obstante, las promesas electorales de Macron y los primeros pasos que está dando desde que llegó al Elíseo le colocan más en la senda de «ajustes» y «recortes» que vienen recorriendo los gobiernos de Mariano Rajoy y de Matteo Renzi que de las políticas económicas impulsadas por Angela Merkel o David Cameron.

En la entrevista, Macron destacó que en los últimos diez años el Estado francés ha perdido «cerca de un punto (en términos de PIB) de crecimiento potencial» mientras aumentaba su desempleo estructural.

Por otro lado, defendió la fijación de un baremo de indemnizaciones por despido improcedente, al que tendrán que ajustarse los dictámenes de magistratura, por considerar «absurdo e injusto» que actualmente la horquilla en las decisiones varía mucho y no se conoce de antemano. Quienes se oponen a esta reforma afirman que lo pretende el Ejecutivo no es más que poner un tope máximo a las indemnizaciones.

Por la vía rápida

Por otro lado, resulta cuando menos curioso que un Gobierno que cuenta con una amplia mayoría parlamentaria recurra al «decretazo» para aprobar estas medidas. Macron insiste en que ha optado por esta vía, en lugar de por la tramitación parlamentaria ordinaria, para dar mayor celeridad a la reforma.

Pero tanto desde el mundo sindical como desde la oposición de izquierdas se le ha criticado duramente por hurtar el debate a la Asamblea Nacional.

El pulso en las calles reflejará cuál es la oposición real de la ciudadanía ante la primera gran reforma de un presidente que ve cómo su popularidad cae sin cesar (40% en las últimas encuestas). Por ahora, CGT ha convocado una huelga para el día 12 y La Francia Insumisa, una jornada de movilización para el 23.