El portavoz del Govern y conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, está desde ayer en una visita de 48 horas a Euskal Herria, que inició con un encuentro con su homólogo en la CAV, Josu Erkoreka, para «contrastar puntos de vista», según indicó el consejero vasco en una comparecencia conjunta ante los medios antes de producirse la reunión. El representante del Govern precisó que «por muchas razones nos parecía muy adecuado tener el primer contacto con el Gobierno Vasco».

No entraron en la divergente estrategia de ambos ejecutivos, comprometido uno con dar voz a la ciudadanía catalana en el referéndum del 1 de octubre y reafirmado el otro en su apuesta por seguir acordando contrapartidas presupuestarias con el PP pese a su veto al derecho a decidir. Jordi Turull se quedó con la «complicidad» existente entre los dos ejecutivos y el compromiso para que las relaciones «sigan igual de fluidas».

El «privilegio» de firmar la Ley

Las diferencias se evidenciaron de forma rotunda por parte del representante catalán en el turno de preguntas de los periodistas, en el que varios medios insistieron en la cuestión de la prevención de los atentados por parte de los Mossos d’Esquadra. Turull se remitió a las explicaciones ofrecidas por el conseller de Interior y el jefe de los Mossos, para «no entrar» en una campaña de desprestigio que persigue otros «intereses».

Preguntado sobre «problemas» para encontrar quién firme las leyes para la desconexión con el Estado y el riesgo de perder su patrimonio, Turull reiteró que «firmar la ley de referéndum para mi no es un problema, es un auténtico honor y es mi caso y el de los 72 diputados (entre JxSí y la CUP) del Parlament de Catalunya».

«Cuando tu vida política la has dedicado a horas y horas, kilómetros y kilómetros al servicio de esta causa», estar en condiciones de firmar la ley es «un privilegio». «Las amenazas te reafirman más en la defensa de lo que vamos a hacer y mi gran patrimonio son mis convicciones personales», manifestó el portavoz del Govern.

«Quiero seguir mirando a los ojos a mis hijas, llevo muchos años defendiendo esta causa y tengo el privilegio de estar donde estoy en estos momentos», añadió Turull, antes de precisar que «lo único que nos preocupa es que quien nos inhabilite sea el pueblo de Catalunya».

Cuestionado sobre los pasos que dará el Govern, rechazó dar detalles y explicó que «en Catalunya vivimos una situación que la gente de mi generación pensábamos que solo conoceríamos por los libros y la historia» y se refirió expresamente, entre otras cuestiones, a «tener un Parlamento amenazado de ‘cuidado si habláis de esto, querella’ o a hacer un acto político en un teatro para explicar una iniciativa legislativa y al día siguiente va la Guardia Civil allí para pedir la documentación de lo que has dicho».

Remarcó al respecto que «la gestión de los tiempos, de lo que se va a hacer, la gestionamos nosotros cuando consideremos que es más oportuno con un gran objetivo y determinación, que es garantizar que el 1 de octubre se vote , como se va a votar».

Un informe académico a favor del 1-O circula por las cancillerías

«El legítimo derecho a decidir de Catalunya» es un extenso trabajo académico que, por encargo expreso de la conselleria de Exteriores del Govern han redactado cuatro expertos de diversas universidades. Concretamente, han sido el director del Departamento de Derecho Internacional de la universidad de Ginebra, Nicolas Levrat, la profesora de Relaciones Internacionales y Administración Pública de la universidad de Minho Sandrina Antunes, el profesor de Derecho Público en la Sciences Po de París Guillaume Tusseau y el presidente del Public International Law & Policy Group de la American University de Washington, Paul R. Williams, los autores del informe de 160 páginas que el Govern ha enviado a todas las cancillerías internacionales con el objetivo de que «tengan acceso a información oportuna y fiable sobre el panorama político en el que se celebrará el referéndum», según la nota que acompaña al informe.

El estudio repasa la evolución de la política catalana en las últimas cuatro décadas, desgrana los fundamentos del derecho a decidir como tendencia doctrinal en el campo de la teoría constitucional –no se apoya expresamente en el derecho a la autodeterminación–, repasa el más de medio centenar de referéndums celebrados en los últimos 30 años y defiende la legitimidad de la Generalitat para convocar el 1-O.GARA