La presidenta de la Cámara es una mujer de números. Cuanto más técnico es el asunto, más pasión se le nota al explicarlo. Prefiere que no le hagan muchas fotos para la entrevista, le intimida un poco la cámara. Sabe que los contables hablan un idioma distinto que el común de los mortales, pero se esfuerza en hacerse entender. Y, sobre todo, responde a cada pregunta con precisión de cirujana. Eso, en un mundo demasiado acostumbrado a escuchar a políticos, resulta digno de agradecer.

Antes de entrar en harina, le felicito por su nombramiento. ¿Qué ilusiones tiene?

Para mí supone un orgullo inmenso presidir una institución de la que he sido técnica durante casi 20 años. Y porque además esta es una institución cuya finalidad es aportar mejoras en el uso de fondos públicos. Tengo mucha ilusión, muchas ganas de realizar este trabajo, que se van a traducir en mucha dedicación al mismo. Ya hemos hecho nuestro plan estratégico con las líneas de actuación que quiero impulsar. Mi apuesta es por reforzar las auditorías operativas, no solo centrarnos en el criterio de legalidad, sino entrar a evaluar si se cumplen los objetivos marcados en las inversiones. Medir eficacia y eficiencia.

Y tras estos primeros meses, ¿cómo lleva la experiencia?

Mantengo toda mi ilusión. Ha habido momentos más gratificantes y otros más complicados. Todo es enriquecedor.

Quizá su inicio ha quedado marcado por el informe sobre la planta de Ultzama. Ustedes remitieron el informe a Fiscalía, que cerró sus investigaciones sin advertir delito.

La Cámara ha cumplido con su función. Cuando investigamos este caso detectamos unas irregularidades y advertimos de indicios de responsabilidad penal. Nosotros no tenemos competencia para investigar, confirmar o determinar si esos delitos se cometieron. La decisión del fiscal no invalida los resultados de nuestro informe. Ha habido irregularidades e incumplimientos en la normativa de contratación, un gasto que se pagó dos veces por los depósitos y una parte de la obra civil. Y ha habido una gestión deficiente. Todo eso está constatado.

¿Qué vías para continuar tiene Comptos cuando detecta alguna irregularidad?

Si hay indicios de responsabilidad penal, los comunica a Fiscalía. Ella es la que puede investigar y determinar si hay delito. Nosotros no podemos confirmar un delito porque no tenemos competencias ni medios. Muchas veces los informes van tanto al fiscal como al Tribunal de Cuentas, que investiga la responsabilidad contable.

¿En qué consiste la responsabilidad contable?

Es la responsabilidad en el menoscabo de fondos públicos. Es independiente a la vía penal. La idea es rescatar el dinero público que se ha abonado indebidamente para devolverlo a la Administración.

Entonces, imagino que la responsabilidad contable resulta, a veces, difícil de diferenciar de algunos supuestos penales.

Muchas veces las irregularidades pueden ir por las dos vías. Concretamente, el caso de Ultzama está también en el Tribunal de Cuentas. Nosotros expresamente no indicamos en el informe que hubiera indicios de responsabilidad contable, porque aunque el Ayuntamiento sí que gestionaba la subvención, simplemente la recibía y la entregaba a la empresa cesionaria. En principio, no parecía que hubiera menoscabo. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas nos comunicó que a su juicio sí que pudiera haberse dado, ya que se le puede exigir el reintegro de la subvención al Ayuntamiento. Hay diligencias previas por este asunto. Están investigando.

¿Qué diferencia hay entre la vía penal y la de Cuentas?

Los consejeros del Tribunal de Cuentas dicen que son mucho más efectivos que la jurisdicción penal, porque ellos solo exigen resarcimiento e indemnización. Por eso son más efectivos a la hora de cobrar. Ellos le dan mucha importancia a esta labor de perseguir la responsabilidad contable.

Por otro lado, la labor de fiscalización de Comptos tiene límites. ¿A qué documentos puede o no puede acceder la Cámara?

Nosotros accedemos a todos los documentos de instituciones públicas, de sus empresas y de la UPNA. Y también de todas las entidades y personas privadas en tanto que hayan recibido fondos públicos, pero solo en la medida en que esa documentación se presentó para justificar los fondos recibidos.

Se lo pregunto porque el martes Adolfo Araiz (EH Bildu) mostró facturas que hasta ahora no se conocían de Ultzama...

Nosotros vimos la documentación que sirvió de base para la entrega de la subvención. Esas facturas entre la cedente y la cesionaria, de las que se ha hecho eco la prensa, no estaban en los expedientes que se presentaron a la subvención.

Pero Fiscalía sí que pudiera haber llegado hasta ellas...

Supongo que ellos sí tienen esas atribuciones y medios. Nosotros a la contabilidad de una emperras privada no podemos entrar.

Este mismo mes, GARA enumeraba todos los expedientes que presentó Comptos en la última década ante la Fiscalía. En ningún caso el fiscal persiguió hasta el final esos indicios. ¿No genera eso frustración?

Lo que haga Fiscalía no invalida nuestra opinión. Si estima que no hay delito, eso no quiere decir que no haya habido irregularidades. Nuestra función se limita a comunicar los indicios y las irregularidades que detectamos no las pone en cuestión Fiscalía. Los hechos están ahí.

En pocos días, acudirá usted a la comisión de investigación.

Desde la comisión de investigación de Ultzama se nos han pedido nuestros papeles de trabajo y borradores del informe. Nosotros entendemos que los papeles de trabajo son confidenciales. Estamos dispuestos a colaborar de forma permanente en todo cuanto se nos pida, pero no la entrega de papeles de trabajo o borradores, porque no recogen la opinión de la Cámara. Ningún otro tribunal de cuentas entrega papeles de trabajo.

¿Por qué no facilitarlos?

La Cámara no habla en borradores, porque estos están sujetos a cambios. Si el trabajo no está terminado y la opinión no se ha formado, un documento no tiene validez. La opinión de la Cámara solo está en el informe definitivo, que pasa por muchos filtros: técnicos propios, asesoría jurídica, técnicos de la institución fiscalizada, etc. También pasa por lo que llamamos «Pleno de Auditores», donde todos los auditores discuten sobre el informe en presencia de su autor. Con todo ello se forma la opinión. No podemos entregar borradores con errores que han sido corregidos después, porque no recogerían nuestra opinión y no serían lo que dice Comptos.

«El trabajo bien hecho, imparcial y riguroso es nuestra garantía de independencia»

¿Qué métodos tiene Comptos para garantizar su independencia?

La independencia se garantiza con el trabajo que hacemos todos los días. Un trabajo bien hecho, imparcial y que sea profesional y con rigor técnico es la mejor garantía. Nuestra imparcialidad es la de los auditores, que son el garante de ese trabajo. Además, ellos tienen la capacidad de incluir una cláusula de discrepancia en caso de que se modificara uno de sus informes y ellos no estuvieran de acuerdo con los cambios. Si un informe con esa cláusula llegara al Parlamento, sería un auténtico escándalo. No ha sucedido nunca. Otro punto a favor de nuestra independencia es que aquí todo el personal es funcionario. Y un contable que lleva aquí 20 años es muy difícil que se pueda hacer llevar por intereses de otro tipo.

¿Cómo elabora Comptos sus informes?

Cada informe se encarga a un auditor que trabaja en equipo con los técnicos que hacen el trabajo de campo. Con eso se elaboran borradores que se contrastan con los técnicos de la casa y la asesoría jurídica, y con todo eso se lleva después a la Presidencia un informe provisional. Ese borrador se discute con el resto de auditores y el secretario general en una reunión, que aquí solemos llamar «Pleno de Auditores», aunque en realidad no es un órgano colegiado. Lo importante es que en la discusión final sobre cada informe está presente quien lo ha hecho. Eso normalmente no sucede, pero aquí lo hacemos así.

¿Por qué el funcionamiento de Comptos es distinto al de resto de tribunales de cuentas del Estado?

La Cámara de Comptos no tiene nada que ver con el resto, porque las demás copiaron la estructura del Tribunal de Cuentas, cuyos responsables están elegidos por partidos políticos. Esta es la primera que se puso en marcha, en 1980 y, como no tenía referentes se fijaron en instituciones de los países más avanzados como Canadá o Gran Bretaña, donde también son órganos técnicos regidos por un presidente.