Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, se ha decidido realizar esta auditoría tras haberse iniciado un procedimiento de reclamación por supuestos incumplimientos del contrato de mantenimiento en mejoras ofertadas y por posibles facturas incorrectas.

El contrato incluía tres capítulos principales: el mantenimiento de las instalaciones, por el que se abonaron facturas que sumaron cerca de 2,16 millones de euros; las nuevas instalaciones por las que se pagaron 842.485 euros; y la reparación de daños causados (derribos), con un coste de 374.919.

Ahora se pretende que la auditoría técnico-económica «inspeccione, analice, evalúe, identifique, establezca, valore e informe» sobre «el grado de cumplimiento del contrato y, en su caso, cuantifique económicamente lo incumplido».

Para ello en una primera fase se hará una auditoría previa a la que se destinará un máximo de 12.000 euros (14.520 euros con IVA incluido) para estudiar las mejoras ofertadas por la adjudicataria, cuáles se han realizado y las causas por las que el resto no se han llevado a cabo; y las 25 facturas sobre las que el Consistorio ha iniciado la reclamación.

Se estudiarán también en esta primera fase de la auditoría otras tres facturas anuales correspondientes a nuevas instalaciones; dos facturas anuales del apartado de reparación de daños causados por siniestros; y la factura del año 2016 de reparación de daños causados por siniestros que estimen oportuna las personas responsables de la auditoría.

En caso de que el grado de incumplimiento del contrato se valore como grave, se realizará una auditoría completa del contrato para cuantificar económicamente lo incumplido, incrementando en ese momento el Ayuntamiento el presupuesto hasta un máximo de 20.000 euros.

Para la adjudicación de la contratación de la auditoría se valorarán las propuestas presentadas con hasta 70 puntos por el apartado técnico y con 30 puntos la propuesta económica.

Ya en junio se supo que el Ayuntamiento había iniciado un expediente de reclamación a Indra Sistemas S.A. por importe de 165.000 euros por posibles incumplimientos y para depurar también posibles responsabilidades.

Previamente los técnicos habían revisado la documentación disponible después de que se recibiera una denuncia anónima en la que se apuntaba a una presunta estafa por importe de 400.000 euros entre facturas falsas y obras no realizadas.

Y es que un informe jurídico indicaba que el Ayuntamiento podría reclamar 152.308 euros de mejoras no realizadas pero no veía margen para la sanción ya que fue el propio Consistorio quien «por su falta de propuestas o por no considerarlas necesarias, instó a la no ejecución».

A esta reclamación se sumaban otros 12.799 euros por gatos no justificados en las facturas analizadas, aunque los servicios jurídicos advirtieron de la posible prescripción de alguna de ellas.

Fue en diciembre de 2011 cuando el equipo de gobierno local, entonces en manos de UPN, adjudicó por concurso para un año, prorrogado después por otros tres, el mantenimiento semafórico de Iruñea a la empresa Indra, cuyo consejero delegado fue imputado en 2015 en la Operación Púnica.