En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC justifica la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía Superior de Catalunya contra la presidenta Carme Forcadell y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron a favor de tramitar la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad, suspendidas por el Tribunal Constitucional español (TC).

Aunque la Fiscalía achacaba a Forcadell y a los miembros de la Mesa Lluís Ginó, Anna Simó y Ramona Barrufet, todos ellos de Junts Pel Sí (JxSí), y Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), los delitos de «desobediencia grave cometida por autoridad pública», prevaricación y malversación, este último tipificado con penas de prisión, el TSJC ve fundamentados «al menos, los tipos penales desobediencia y de prevaricación», pero no se pronuncia sobre el de malversación.

«Se impone la admisión a trámite de la querella presentada por el Ministerio Fiscal al valorar inicialmente como posible la comisión de un delito de desobediencia y de un delito continuado de prevaricación (...), sin perjuicio de cualesquiera otras calificaciones jurídicas alternativas o concurrentes, al ser las presentes meramente provisionales», recoge el auto.

Con estos argumentos, la Sala de lo Penal del TSJC se declara competente para juzgar a Forcadell y a estos cuatro miembros de la Mesa y ordena incoar diligencias previas para investigar los hechos descritos en la querella de la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos «de uno o más delitos» de desobediencia y de un delito continuado de prevaricación.

En consecuencia, el TSJC acuerda acumular esta querella al procedimiento abierto contra la presidenta del Parlament y varios miembros de la Mesa, que instruía la magistrada Maria Eugènia Alegret.

El auto recuerda que los querellados tienen el derecho a interponer recurso de súplica «sin efectos suspensivos» en un plazo de tres días.

La Fiscalía solicitaba en la querella que se tome declaración como investigados a Forcadell y a los otros cuatro querellados, y reclamaba también citar como testigos al secretario general del Parlament, Xavier Muro; al letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona; al vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra; y a su secretario segundo, David Pérez.

Se trata de la tercera querella presentada contra Forcadell por desobedecer reiteradamente las sentencias y las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Govern

En otro auto, el tribunal argumenta los motivos por los que el pasado viernes acordó admitir a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del ejecutivo por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

La sala que admitió la querella, compuesta por tres magistrados, sostiene que existen indicios de que los miembros del Govern pudieron incurrir en un delito de malversación, que lleva aparejado penas de cárcel, dado que los decretos por los que se convocó el referéndum «suponen a la vez el inicio de un procedimiento que va incidir en el ámbito del gasto público», con varias partidas presupuestarias para gastos de procesos electorales y consultas.

El TSJC recuerda que todos los querellados firmaron «de puño y letra» los decretos suspendidos pese a ser «conocedores, presuntamente, de la injusticia» de los mismos, por lo que «habrían utilizado arbitrariamente las potestades que tienen como miembros del Govern de Catalunya». 

La sala ha acordado acumular la causa abierta contra Puigdemont por la convocatoria del referéndum a la que ya instruye la magistrada del TSJC Mercedes Armas, a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra la consellera de Gobernación Meritxell Borràs por la licitación de las urnas para el referéndum.

En el marco de esa investigación, será la instructora la que decida sobre las medidas cautelares que la Fiscalía solicita en su querella contra Puigdemont, entre las que figura imponer fianzas a los miembros del Govern, cerrar las webs sobre el referéndum y advertir a los medios de comunicación de que no publiciten la consulta.