Con cuatro actos celebrados de forma simultánea en Barcelona, València, Mallorca y Perpinyà, en los que se ha leído el manifiesto ‘El nostre horitzó, Països Catalans’ la CUP ha reivindicado el «marco nacional» de los Països Catalans.
El acto de Barcelona se ha celebrado en el Fossar de les Moreres y el diputado Joan Garriga ha subrayado que el hecho de que el referéndum del 1 de octubre solo haya podido ser convocado en Catalunya es «una cierta contradicción que hay que saber gestionar con inteligencia».
El propio texto hace patente que su deseo era votar en todo el territorio y lamenta que no se haya conseguido, pero sostiene que el 1-O es «el pistoletazo de salida» para alcanzar «la soberanía plena».
Afirma que se comparte una cultura y una lengua, pero también unas leyes de los gobiernos español y francés «que atentan contra los derechos civiles» de sus habitantes, por lo que animan a votar en Catalunya sin miedo y con una «sonrisa revolucionaria», como punto de partida para derogarlas y promulgar unas propias.
Garriga ha afirmado que las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica que se aprobaron la semana pasada en el Parlament son «un acto de determinación, de compromiso político y un gesto que supera cualquier actitud autonomista».
Ha asegurado que con la probación de las normas se camina hacia la soberanía catalana tras «constatar el fracaso del diálogo con el Estado», y ha llamado a los catalanes a acudir a las urnas.
«Esto no tiene retorno»
«No habrá marcha atrás, esto no tiene retorno», ha apuntado Garriga en relación con «la ofensiva» emprendida por el Gobierno español, los tribunales y la Fiscalía para tratar de frenar el 1-O.
Ha indicado que la autodeterminación «supera cualquier actitud partidista y abre las puertas a la oportunidad de construir una Catalunya socialmente más justa».
El también diputado Benet Salellas ha puntualizado que «que quien registra diarios e imprentas y limita los derechos fundamentales son los que llevan tricornio, es decir, la Guardia Civil, y esperamos que los Mossos estén al lado de la ciudadanía y de la gente, garantizando sus derechos democráticos básicos».
Según Salellas, «cuando llegan requerimientos a los medios de comunicación y se les prohíbe informar se pone en cuestión el derecho a la libertad de expresión, y si se prohíben actos políticos se ataca, además, la libertad de reunión».
«Frente al embate antidemocrático abierto por el Estado español para tratar de aniquilar las instituciones democráticas de este país, hay que responder con firmeza y determinación», ha añadido Salellas antes de señalar que «cada uno tiene que decidir en qué lado está, en el de los que defendemos los derechos civiles y políticos o en el de los que los atacan».
La concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona Maria Rovira ha indicado, por su parte, que «cualquier gobierno municipal de izquierdas tiene que abrir los colegios electorales y, si no se atreve, que nos den las llaves a nosotros, que ya los abriremos».