Por el contrario, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha dicho que son EH Bildu, Podemos e IE quienes han presionado al Gobierno «para que no impulsara esta infraestructura».

«Es una maniobra que obedece a las presiones realizadas por UPN, que lleva muchos meses tratando de condicionar la acción política de Navarra desde fuera de Navarra», ha afirmado Araiz a los periodistas a su llegada al Parlamento.

Araiz, que ha añadido que se trata de una medida «de imposición», ha lamentado que con ella se busca «impedir» que en Nafarroa se pueda decidir si el modelo de tren que propone el ministerio español «es el que Navarra necesita».

Asimismo, ha cuestionado si la paralización que se ha producido en torno a la negociación sobre el Convenio económico «tiene algo que ver con esta otra negociación».

«Queremos saber si lo que se está pretendiendo es un chantaje hacia la sociedad navarra y hacia el Gobierno de Navarra de que o acepta el modelo propuesto desde Madrid o no hay avances en el tema del convenio económico», ha trasladado.

El portavoz regionalista, Javier Esparza, ha precisado que «la fórmula más adecuada» era un acuerdo entre el Gobierno navarro y el estatal. Sin embargo, ha destacado que el Ministerio «ha sido tremendamente respetuoso con el Gobierno de Navarra» porque se ha atendido al Ejecutivo «en aquellos planeamientos que se han hecho».

«Las únicas presiones que ha habido son las de EH Bildu, Podemos e IE al Gobierno de Navarra para que no impulsara esta infraestructura», ha respondido a Araiz, tras puntualizar que «lamentablemente, el Gobierno de Navarra no ha estado a la altura».

«Ayerdi ha sido incapaz, no ya de convencer a sus socios, sino de presentar un borrador de convenio en tiempo y forma que él mismo había determinado», ha matizado Esparza.

Ha añadido que la «amenaza» de EH Bildu, Podemos e IE a Geroa Bai de no aprobar los presupuestos de 2018 «ha hecho que el Gobierno haya adoptado esa decisión» que ha calificado como «un error». «Han ganado este pulso los del ‘no’ a todo», ha advertido.

El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha considerado que «un problema pequeño de fechas ni puede ni debe ser un problema para llegar a acuerdos entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno central» y ha apostado por un convenio que recoja todas las características del corredor.

En nombre de Podemos, el parlamentario Mikel Buil ha lamentado que esta decisión estatal está haciendo «una gran mella en el autogobierno de Navarra». «A UPN solo le interesa el autogobierno cuando es al servicio de las élites y lo gestionan ellos», ha lamentado.

A la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón no le ha extrañado «en absoluto» la iniciativa. «Ellos sabrán por qué han tomado esta decisión -ha manifestado-, tendrán que explicar por qué la han tomado en este momento y a ese respecto no tengo nada que añadir».

La secretaria general de PSN, María Chivite, ha respondido que «lo deseable» era un convenio y que «ya no vale echar balones fuera».

«El Gobierno pidió un aplazamiento para dar una contestación, el ministerio se lo concedió y, debido a sus líos internos o a que no quiere mojarse con el tema del tren, decidió no contestar», ha relatado Chivite, que también ha criticado que «UPN se ha dedicado a poner palos en las ruedas y presionar políticamente para que esto ocurriera».

La portavoz del PP, Ana Beltrán, ha lamentado que el Gobierno navarro, «dilatando intencionadamente la respuesta por presiones de sus socios», se ha «doblegado» a los intereses de los mismos.

Tras calificar como «una falta de respeto» la ausencia de respuesta al Ministerio español, ha explicado que la ausencia de una partida presupuestaria en 2018 para el TAV le hizo ver al Gobierno español que la voluntad del Ejecutivo navarro era «dilatar y no contestar».

«Presiones en absoluto -ha respondido a las acusaciones de Araiz-, el Gobierno de España dejó claro hace tiempo que si el Gobierno de Navarra no tenía clara la decisión, cogería las riendas del proyecto».