En un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Puigdemont y Turull plantean un incidente de recusación contra los cuatro magistrados, entre ellos el presidente del alto tribunal Jesús María Barrientos, al entender que no son imparciales y que la querella de la Fiscalía contra el Govern obedece a «un conflicto de naturaleza política».

El incidente de recusación se dirige también contra los magistrados José Francisco Valls y Carlos Ramos, que formaban parte de la sala de admisión que el pasado viernes acordó admitir a trámite la querella de la Fiscalía por el referéndum, así como contra Mercedes Armas, la juez que instruirá la causa contra los miembros del Govern.

El incidente de recusación, no obstante, precisa que el mismo argumento de falta de imparcialidad «es predicable al resto de magistrados, igualmente nombrados por el propio Consejo General del Poder Judicial».

En su escrito, Puigdemont y Turull mantienen que los tribunales españoles, en concreto el del TSJC, «no son imparciales para juzgar causas que tienen origen en un conflicto de naturaleza política», dado que en su opinión la independencia de los mismos ha sido cuestionada de forma expresa por «varios informes de organismos europeos».

En opinión de ambos querellados, el nombramiento de los magistrados de la sala civil y penal de los tribunales superiores de justicia no se basa «en criterios objetivos legalmente previstos» sino que «tiene carácter discrecional, al corresponder su nombramiento al Consejo General del Poder Judicial».

En ese sentido, recalcan que se trata de unos magistrados elegidos por un órgano que a su vez ha sido escogido por el Congreso español, en el que «tiene mayoría más o menos amplia el Gobierno de turno», y que deberán juzgar «unos hechos que llevan base del conflicto político existente entre esas cámaras y el Gobierno y los órganos de la comunidad autónoma».

Los querellados sostienen que en el caso del referéndum «nos encontramos ante un conflicto de naturaleza política que debería ser resuelto por vías políticas y no a través de la represión penal».

Puigdemont y Turull admiten en su escrito que «es muy posible que esta recusación sea desestimada, pero convencidos como están de su procedencia, la dejan en cualquier caso articulada en espera de que posteriores instancias europeas tengan la sensibilidad que, hasta el momento, no han tenido las española, ni sus tribunales de justicia».