Ha pasado el ecuador de setiembre y, siendo francos y obviando que el escenario ideal era un referéndum que el Estado se niega a negociar, la carrera hacia el plebiscito del 1 de octubre está donde sus convocantes querían que estuviese. ¿Quiere esto decir que las urnas del 1-O están garantizadas? Ni mucho menos. Apenas han pasado 10 días desde los tensos plenos del Parlament con los que arrancó la carrera hacia el referéndum y vean todo lo que ha ocurrido. Ahora piensen que quedan todavía 13 días para el primer domingo de octubre. Los más intensos. Esto no ha sido más que el aperitivo.

En la avalancha de noticias en que se ha convertido Catalunya estos días, donde la vigencia de la última alerta informativa apenas dura unos minutos, hay que hacer un esfuerzo para separar lo crucial de lo anecdótico; lo importante de lo coyuntural. Y no siempre es fácil. Buscar las imágenes más icónicas de estos días puede ayudar a ordenar la mente. Elegimos tres.

El Pleno invertido

Las sesiones plenarias celebradas en el Parlament los días 6 y 7 de setiembre fueron una prueba de fuego –además de plato de mal gusto– para el independentismo, obligado a estirar el reglamento de la cámara hasta sus límites para aprobar las leyes del Referéndum y de la Transitoriedad Jurídica. Normas que la oposición se había negado a tramitar por la vía ordinaria. Supuso cruzar el rubicón, según expresión del portavoz del CSQP, Joan Coscubiela, cuyas intervenciones –aplaudidas hasta la extenuación por PP y C's– acabaron por dinamitar las precarias costuras de su coalición.

Era un paso necesario. Síntoma de la decisión con la que se encara el camino hacia el 1-O, los parlamentarios de Junts pel Sí logaron desprenderse del ancestral apego a la estética de la clase dirigente catalana y se situaron, hasta el referéndum, al margen de la legalidad española por la vía rápida. Algunos sectores del PDECat quisieron dejar la Transitoriedad Jurídica para el pleno previsto para la semana que viene –finalmente suspendido–. Suerte que se impuso la opción de la CUP: el independentismo no se puede permitir más sesiones como las del 6 y el 7 de setiembre, que regalan al unionismo el discurso de la democracia y los derechos civiles.

Más allá de la bronca y del filibusterismo pocas veces visto en estas latitudes, el resultado de las sesiones –lo que cuenta en la carrera hacia el 1-O– es que el Parlament aprobó el itinerario legal del referéndum y del escenario posterior –en caso de que ganase el Sí–. Los parlamentarios han cumplido con su papel y han situado a Catalunya, temporalmente, al margen de la legalidad española. Todos los pasos que el Govern está dando ahora para hacer posible el plebiscito están amparados por la legalidad del Parlament. Evidentemente, por muchas trampas al solitario que se hagan, es un notable acto de desobediencia a la legalidad española, pero conviene no olvidar que existe un marco jurídico aprobado por el Parlament de Catalunya.

Los miuras embisten

Si la Diada devolvió la sonrisa al independentismo y volvió a demostrar que es imbatible en capacidad movilizadora, la embestida integral del Estado contra las urnas del 1-O volvió a situar la defensa de la democracia y las libertades civiles de lado del soberanismo. La prensa internacional y ciertos “deslices” diplomáticos de alto nivel –como el de Juncker– ya dejan claro que no se acaba de entender la caza y captura de la urna.

La acción del Estado ha desplegado todo un abanico de medidas que, aunque apenas se han traducido hasta ahora en acciones concretas –más allá del ridículo decomiso de carteles del 1-O– dejan infinidad de puertas abiertas a la intervención del Estado. A estas alturas, el debate jurídico sobre si Madrid iba a aplicar el artículo 155 de la Constitución, si iba a limitarse a tirar del TC o se iba a aferrar a la Ley de Seguridad Nacional ha quedad enterrado. Hace tiempo que el Estado renunció al decoro que los días 6 y 7 le exigía al Parlament. Le bastan la Fiscalía para perseguir imprentas, medios de comunicación y alcaldes; y le sobra el ministerio de Hacienda para intervenir las cuentas de la Generalitat.

Por cierto, en este juego de separar lo anecdótico de lo sustantivo, la intervención de las finanzas catalanas que entrará en vigor hoy es la medida más contundente tomada hasta ahora por el Estado, junto a la querella contra los miembros del Govern, en la que se incluye el delito de malversación, que implica penas de prisión. Lo demás, con todo respeto, no ha sido hasta ahora poco más que fuego de artificio.

Puigdemont y Colau, la foto

Sin embargo, los fuegos de artificio tienen sus efectos. La brillante idea de la Fiscalía de apuntar a los 712 alcaldes que han dado apoyo al referéndum –son el 75% de toda Catalunya– ha trasladado el foco del conflicto al territorio, precisamente allí donde el independentismo es más fuerte. Apuntando a uno de los eslabones más débiles, además, ha activado los mecanismos de solidaridad, han tocado el nervio cívico de la sociedad catalana, lo que está generando nuevas adhesiones a la convocatoria del 1-O.

Unido a otras brillantes ideas de la Fiscalía, como son el registro de imprentas y redacciones, las advertencias a periodistas y responsables de medios de comunicación, o el cierre de portales webs sobre el 1-O, han acabado por decantar –a día de hoy– a buena parte de los dubitativos del lado del referéndum. Todo cristalizó en la imagen del recibimiento que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, brindó el sábado junto al president, Carles Puigdemont, a los 712 alcaldes advertidos en la plaza Sant Jaume. El independentismo, por si solo, difícilmente hubiese logrado seducir a Colau, líder indiscutible de los comuns.

No lo olviden: la alcaldesa no estuvo en la Diada, pero el sábado se puso a la cabeza de la defensa de la democracia y los derechos civiles. Sin ningún tipo de desmerecimiento hacia la mano izquierda con la que el independentismo mayoritario –ignoramos aquí el sobrecalentamiento de las redes sociales– ha tratado el asunto, la principal victoria del independentismo en el camino hacia el 1-O ha llegado, de nuevo, gracias a la intervención del Estado español. Sin la participación de los comuns, el independentismo tiene muy complicado conseguir cifras de participación dignas y homologables en el plebiscito.

Falta mucho para el referéndum. Decir que quedan dos semanas se queda corto, dado que cada minuto de esos 14 días va a ser una trinchera desde la que defender el 1-O. Se va a hacer largo. El Estado tiene todavía muchos resortes de los cuales echar mano. Veremos cuáles son los que activa. Puede lograr requisar las urnas y asestar un importante golpe al referéndum, o puede llegar a dar la orden de detener a Puigdemont –ayer el Fiscal General jugó con la idea en “El Mundo”–, entrando en terreno desconocido para todos. En medio queda un infinito abanico de posibilidades. Lo único cierto, a día de hoy, es que el referéndum sigue siendo logísticamente viable y que suma cada vez más apoyos. Bastantes más de los que tenía hace dos semanas. No es mal saldo para encarar los días que vienen. Sin duda alguna, los más duros.