Urkullu ha hecho esta reflexión en su discurso durante el Pleno de Política General que celebra hoy el Parlamento de Gasteiz, donde ha desarrollado los pilares que estructuran el programa de su Ejecutivo, entre los que destacan la actualización del autogobierno, la convivencia y los derechos humanos.

«Somos nación y seguimos en proceso de construcción nacional», ha defendido Urkullu, quien ha advertido de que el Estado español tiene «la obligación y la necesidad» de buscar una «solución política» a las «aspiraciones nacionales legítimas de Euskadi y de Catalunya» porque, a su juicio, «no hay otro camino».

El lehendakari ha reiterado que «facilitará» el trabajo de la ponencia parlamentaria sobre autogobierno para acordar un documento «abierto, pero concreto», de «bases y principios», que sea el punto de partida para una «nueva propuesta política de futuro para Euskadi» y, con el ánimo de «facilitar» su labor, ha planteado varias reflexiones en torno al futuro político de la CAV.

Así, ha defendido que es preciso acordar con el Estado un «Nuevo Estatus de Autogobierno» que sea «expresión de la nacionalidad propia y diferenciada» de la CAV y que, desde la «concordia, la convivencia, el respeto y el reconocimiento mutuo», contenga un «sistema recíproco de garantías» para que lo acordado «no quede al arbitrio de las partes».

«Legitimidad específica dentro de un Estado plurinacional»

Urkullu ha insistido en que «Euskadi cuenta con una legitimidad específica» dentro de un Estado «plurinacional», que descansa en los derechos históricos, en la Constitución española y en el Estatuto de Gernika.

Este nuevo pacto, para el lehendakari, debería extender la experiencia de la concertación fiscal y financiera vasca avalada por el Concierto Económico a la relación política con el Gobierno español.

Ha calificado este Nuevo Estatus como «la expresión jurídico-política» de una «identidad nacional histórica con voluntad de pervivir» y ha reivindicado una mayor participación de la CAV en Europa.

Junto a este objetivo, ha reiterado la necesidad de lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y ha fijado en 37 las transferencias pendientes recogidas en el informe que el Gobierno Vasco remitirá mañana al central, con el objetivo de abrir una «mesa de diálogo y negociación» sobre estas materias.

En aras a «reforzar la bilateralidad» y a garantizar el cumplimiento del Estatuto de Gernika, el lehendakari ha defendido la creación de «una Comisión de Garantía del Estatuto», que hiciese labores de «arbitraje» en caso de «desacuerdos competenciales» entre los dos gobiernos.

Urkullu ha defendido que la salida del «laberinto político territorial» se encuentra en el «Estado confederal» y ha vuelto a abogar por la «institucionalización del derecho de la ciudadanía a ser consultada sobre su futuro de manera legal y pactada», de forma que se conjuguen «el principio democrático y el de legalidad».

Por ello, ha reclamado que deben habilitarse cauces legales para que las «comunidades políticas» que mediante decisión «expresa» de sus parlamentos quieran hacer consultas puedan hacerlo «con plenas garantías».

En materia de paz, convivencia y derechos humanos, el lehendakari ha subrayado que el desarme de ETA ha sido un «avance importante e indispensable» y ha reiterado el compromiso del Gobierno de Lakua con la «verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas».

En cuanto al Plan de Convivencia y Derechos Humanos que su Ejecutivo aprobará en breve, ha recordado que uno de sus ejes estratégicos es la «demanda de un final ordenado de la violencia y del terrorismo» y la «disolución unilateral, efectiva y definitiva de ETA». En este sentido ha dicho que el Gobierno de Lakua hará «lo que esté en su mano» para favorecer estos objetivos.

En cuanto a la situación de los presos, ha reiterado que el Ejecutivo que preside defiende una política penitenciaria basada en la «humanidad, en el reconocimiento del daño causado y en la reinserción».