En el texto, que suscribe el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, se pide al juez que abra actuaciones por estos hechos y que dirija oficio a la Guardia Civil para que elabore un atestado con «todas las actuaciones llevadas a cabo para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» en cumplimiento de las resoluciones dictadas por el juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, quien ordenó la detención de 14 personas.

La denuncia atribuye «sedición» a las «personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones», pero también a la «existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas» que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o «movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación».

Aunque no va dirigida contra ninguna persona en concreto, se apunta a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, como responsable de organizar un turno de relevo de voluntarios «conscientes de que dificultarían la intervención policial», haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil. Menciona que Sánchez pidió ante 40.000 personas que nadie se fuera a casa.

Al presidente de Omniun Cultural, Jordi Cuixat, también le cita subido junto a Sánchez encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien luego al ver que no podía controlar la concentración pidió a los manifestantes que se disolvieran, explica la querella.

«La finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales», sostiene Carballo.

Según la Fiscalía, se han impulsado «movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición».

Vehículos abollados y con pegatinas

Asegura el fiscal que la «presión» de los concentrados frente a la Consejería de Economía se llegó a traducir incluso en agresiones físicas a Mossos d'Esquadra y agentes de la Guardia Civil, cuyos coches, añade, acabaron abollados, con las ruedas pinchadas y repletos de pegatinas y pintadas a favor del referéndum.

«La letrada de la administración de Justicia –relata– tuvo que salir ya de madrugada a través de la azotea, al impedir los manifestantes su salida por la puerta». Cinco guardia civiles salieron a las tres de la madrugada «vestidos de paisano» y escoltados por los mossos, mientras que el resto no lo hizo hasta la siete de la mañana.

Por ello, la Fiscalía considera que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal y castigado con penas de entre los 8 y 10 años de cárcel para los que la hubieran inducido, sostenido o dirigido, y de 15 si son autoridades públicas las que lo han promovido.

La denuncia, que ha recaído en el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno, describe que los incidentes fueron protagonizados por «una turba» e interpreta «la sedición» como una «rebelión en pequeño».

¿Disparos al aire?

Además de a estos altercados, la denuncia hace también referencia a lo acontencido ante la sede de la CUP, donde se concentraron, apunta, más de 2.000 personas para impedir el acceso a la Policía y en la que los agentes «tuvieron que disparar al aire para evitar el ataque inminente a un furgón policial», extremo este que hasta ahora no se había mencionado ni en medios de comunicación ni en redes sociales, a pesar de la numerosa presencia de periodistas.