Salir de las redes sociales para entrar en los colegios electorales. Este es el propósito que afrontan millones de catalanes en la semana entrante. Memes, ironía, #FreePiolin, mil formas de darle la vuelta a la represión mediante el humor, en eso no nos gana nadie, el 15M fue una gran escuela para muchos. El problema es que el 1 de octubre el gobierno de Mariano Rajoy pretende situar el listón de la vulneración de derechos fundamentales aun más arriba, compitiendo con Erdogan. El PP –con el beneplácito de PSOE y Ciudadanos– ha desplazado a Catalunya a todas las unidades de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía especializadas en orden público. En Madrid solo quedan 100 antidisturbios, y en Zaragoza unos 30. Más de 10.000 agentes alojados en tres ferrys de la compañía italiana Grandi Navi Veloci –amarrados en los puertos de Barcelona y Tarragona– y en dos decenas de hoteles del Maresme y la costa Daurada. Según explican los vecinos, en Girona les han tocado los antidisturbios de Pamplona y en Manresa los de Badajoz.

El golpe represivo contra la logística del referéndum se perpetró el 20-S, con detenciones de cargos públicos, pero con un limitado impacto en la maquinaria electoral. Urnas, papeletas, colegios electorales y censo parecen estar a punto. En los próximos días se pueden desencadenar nuevos golpes represivos con el objetivo de decapitar a las caras públicas de las entidades soberanistas o del gobierno de la Generalitat, pero eso no tiene por qué parar la votación. Miles de personas de todos los municipios de Catalunya se han conjurado para abrir los colegios electorales y ejercer el derecho a voto. ¿Mariano Rajoy lanzará a la policía contra los ciudadanos? Si se desata un golpe policial directo contra las urnas la población responderá con firmeza y serenidad, exponiendo pacíficamente sus cuerpos para frenar la violencia del Estado. ¿Qué grado de brutalidad será capaz de digerir en silencio la Unión europea? Decenas de equipos de TV de los cinco continentes ya se dirigen hacia Barcelona. Si el 1 de octubre se vota, la victoria del Sí y el proceso de desconexión parecen asegurados; si la violencia impide depositar el voto en las urnas el mundo lo verá en directo y el Estado español habrá firmado su acta de defunción.