«Los técnicos de Nasuvinsa, en colaboración con el equipo de arquitectos del proyecto, están iniciando el estudio de detalle de la reducción de alturas por ver si es posible encontrar un consenso entre las partes concernientes», ha dicho Laparra durante una comparecencia parlamentaria.

Según Laparra, en las reuniones mantenidas entre las instituciones «hay algunas opciones de acuerdo para hallar un consenso», aunque todavía se está «a la espera» de un posicionamiento definitivo.

En este sentido, ha precisado que «hay una disposición por parte de Salesianos a aceptar una modificación que no ponga en riesgo el conjunto de los intereses públicos», y al respecto ha añadid que la propuesta planteada por el Gobierno para rebajar las alturas de las parcelas no adjudicadas todavía es «viable jurídicamente».

Un cambio que el Gobierno calcula que supondrá una merma de ingresos de cinco millones de euros, «asumible», así como una disminución de entre un 42% y un 45% del sobreaprovechamiento planteado inicialmente.

Laparra ha resaltado que de esta manera se minimizaría el impacto urbanístico y paisajístico, siempre «preservando las plusvalías para vivienda social» y «garantizando la viabilidad de un nuevo centro puntero de Formación Profesional».

Y ha destacado que así además se evitan «indemnizaciones millonarias» y se «respeta escrupulosamente» la seguridad jurídica, frente al «alto riesgo» que hubiera supuesto extinguir el PSIS aprobado o modificarlo unilateralmente.

Por UPN, Luis Zarraluqui ha lamentado que, «por ansia de dinero», se esté «dificultando» la finalidad primigenia de la operación, que era la construcción de un nuevo centro de FP.

Por Podemos, Mikel Buil ha criticado que UPN «está utilizando a Salesianos como una cortina de humo» porque «hay mucho más detrás» que un nuevo colegio, el «tráfico de viviendas», por lo que en su opinión «esta herencia no se tenía que haber aceptado».

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado que Gobierno navarro «no ha hecho todo lo que tenía que hacer» y ha criticado la «posición errática» mantenida «en cuanto a los riesgos que se podían asumir».

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha reivindicado los «pasos firmes, serios y ambiciosos» dados por el Ejecutivo ante una «herencia envenenada».

Por el PSN, Ainhoa Unzu se ha mostrado abierta a acometer los «cambios oportunos» si se salvaguarda el interés de las partes, la legalidad y la seguridad jurídica y económica, por lo que ha pedido «transparencia» en la operación.

Para Javier García, del PP, grupos como Podemos «desvirtúan» el debate, intentando «manipular», y también ha cuestionado la «opacidad» del Ejecutivo en un proyecto «beneficioso para el conjunto de la sociedad navarra».

Por el contrario, el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha mostrado su oposición a esta operación urbanística por considerarla «especulativa», ajena al interés social y con «efectos negativos sobre la ciudad».