El lunes la Comisión Europea hizo el ridículo en la rueda de prensa protagonizada por su portavoz, Margaritis Schinas. Este quedó entre mudo y tartajeante ante la furia profesional de los corresponsales, que lo interrogaron por la bestialidad policial y la postura de la Comisión.

En consecuencia, los mandatario europeos decidieron incluir ayer por primera vez la cuestión en el orden del día de su reunión semanal. Evidencia de que las imágenes de las agresiones contra la población civil son indefendibles para todos menos para el PP español.

Cuidado, no obstante. El sentido de esta decisión era establecer la posición común que la Comisión llevará al pleno del Parlamento de hoy. Es decir, la coartada oficial: «cuestión interna española».

La Comisión no informa sobre sus debates, pero en rueda de prensa el vicepresidente para el Empleo, Jyrki Katainen, explicó que hicieron «balance de lo que ha ocurrido», que «todos nosotros habíamos seguido la situación a través de los medios», que «como la Comisión Europea no es parte de la situación» no hablaron de lo que esa institución «debería hacer o haría», y que el presidente, Jean-Claude Juncker, dijo más de una vez en la reunión que «se trata de un asunto interno de España». El encargado de no salirse de este guión hoy en el Parlamento será el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans.

Debate con observadores

El título del debate será «Estado de Derecho, Constitución y Derechos Fundamentales en España, a la vista de los acontecimientos en Catalunya», después de que los grupos transaccionaran para acordarlo.

Verdes y la izquierda querían centrarlo en el escándalo de la actuación policial y en la violación de derechos fundamentales, en la línea de lo denunciado estos días por diferentes observadores internacionales. Ayer mismo se conocía un nuevo informe. El equipo International Limited Observation Mission (Ilom), liderado por el exembajador holandés Daan Everts, responsabilizaba de las decisiones del Estado español a que el referéndum no cumpliese con los estándares internacionales, y sentenciaba que «el uso de la fuerza de la Policía española no tiene lugar en democracias consolidadas».

Precisamente, el hecho de que algunos de sus miembros fuesen integrantes de la delegación de observadores que el domingo pasado vieron con sus propios ojos cómo apaleaban a la gente puede condicionar algo la postura del establishment europeo. En principio, Partido Popular y Partido Socialista querían centrarlo en el apoyo a su Estado miembro. Es decir, en que «España sí es una democracia consolidada».

En todo caso, los últimos días las declaraciones oficiales han incluido referencias a la violencia. Por ejemplo, la de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo: «Acabo de hablar con Mariano Rajoy. Compartiendo sus argumentos constitucionales, he llamado a encontrar vías para evitar más tensiones y el uso de la fuerza».

Polonia y Hungría

No deja de ser paradójico que este mensaje venga de un polaco. Hay que recordar que las instituciones europeas no han considerado que las políticas de gobiernos como el polaco o el de Hungría fuesen «temas internos». Les han reprendido por ellas, aunque sin mayores consecuencias por ahora, pese a ser profundamente autoritarias y antidemocráticas. ¿La razón? Esos gobiernos no pertenecen al Partido Popular europeo y no forman parte del establishment.

Este será uno de los argumentos que, probablemente, se escuchará hoy en Estrasburgo. El Estado español es socio europeo, pero no saben de lo que es capaz. Hasta ahora.