En declaraciones al gran número de periodistas que aguardaban a las puertas de la Audiencia Nacional española, Sànchez ha explicado que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, mientras que Cuixart se ha acogido a su derecho a no declarar.

El presidente de Òmnium Cultural ha argumentado que «no reconocemos la competencia de este tribunal para juzgarnos» por el delito de sedición que se les imputa.

Ha añadido que tampoco reconocen «ningún tipo de delito» en sus actuaciones durante el 20 de setiembre y ha recordado que todas de las movilizaciones lideradas por las entidades soberanistas se han desarrollado «bajo el principio de no violencia, un principio democrático, de participación masiva de la gente, pero siempre preservando la integridad física de las personas y el mobiliario».

Además, ha denunciado la «judicialización de un conflicto político» que, ha señalado, «solo se puede resolver a través del diálogo».

Por su parte, el líder de la ANC, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado para «dejar bien claro y por escrito la legitimidad de una movilización pacífica y no violenta», ha afirmado que el 20 de setiembre «una parte importante de la ciudadanía de Catalunya respondió básicamente a un llamamiento que apareció en las redes» ante un operativo policial «ordenado por un juzgado bajo secreto de sumario».

Durante su declaración, ha dejado claro que lo único que hicieron fue ejercer su derecho a la movilización ante unas actuaciones «del todo injustificadas».

Sànchez ha asegurado que la intención de «alterar» el orden público no estaba «en ningún momento en el ánimo de ninguno de los 50.000 manifestantes».

Ha acusado, además, al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, de actuar «con mucha opacidad» y ha dicho que los ciudadanos no entienden «hasta qué punto las actuaciones son proporcionales a los objetivos que se buscan».