Yo apoyo a Odinga, pero ¿va a cambiar algo mi vida si es elegido presidente?». Las dudas sobre el futuro de Kenia, expresadas por una joven de la capital acuciada por la precariedad laboral, se extienden por todo el país a la espera de que la repetición de las elecciones ordenada por el Tribunal Supremo ofrezcan una salida a una crisis que lastra ya a la economía del motor regional.

Durante los días de agosto que sucedieron a la proclamación de Kenyatta, Michael no pudo abrir su gimnasio.

Tampoco lo hicieron muchas tiendas del centro ni decenas de puestos en la barriada marginal de Kibera, uno de los epicentros, junto a Mathare, de la violencia postelectoral que se saldó con alrededor de un centenar de muertos. Lejos de los 1.300 muertos y más de 600.000 desplazados de 2007, pero suficiente para que el país volviese a contener el aliento.

El paso de los días y la histórica decisión del Tribunal Supremo de anular los resultados de agosto que daban la victoria a Kenyatta han aliviado la tensión o, más bien, la han pospuesto.

El bullicio ha retomando su espacio en el Central Business District (CBD) de Nairobi y los restaurantes de Lavington y Westlands vuelven a estar ocupados por la legión de exatriados.

Sin embargo, el crecimiento económico del país, el elemento sobre el cual se ha sustentado el equilibrio tribal que marca el destino de Kenia desde su independencia, ha entrado en el terreno de lo desconocido: por primera vez desde 2012 el aumento del PIB caerá por debajo del 5% y las previsiones de los expertos de Stanbic Bank y Citi Research Economics auguran un horizonte de inestabilidad a consecuencia de la incertidumbre política y la caída de la actividad privada.

«¿Debería la oposición boicotear las elecciones venideras? Esto abocaría sin duda a una crisis constitucional en Kenia y con la actual coyuntura económica nadie en el país quiere una crisis». La pregunta de Hezron Ochiel, comentarista político de Epicenter Media, es la misma que se hace todo el país desde que la cuestionada Independent Electoral and Boundaries Commissio (IEBC) pospusiese hasta el próximo día 26 la celebración de los comicios. Los propios partidarios de la oposición están divididos entre los que piensan que deberían negarse a participar en los comicios y los que creen que lo primordial es desbloquear la situación política para poner de nuevo en marcha la inversión pública.

Hasta el momento, Odiga insiste en que su partido no «está listos para participar en las elecciones sin garantías legales y constitucionales». Para hacerlo, exigió que se permita la participación de otras fuerzas políticas para que la votación no sea una segunda vuelta entre él y Kenyatta, la retirada de los poderes a la actual Comisión Electoral, así como una investigación por parte de la empresa francesa OT-Morpho, encargada del sistema de gestión electoral, para aclarar lo ocurrido durante el recuento en la cita de agosto cuando el líder kikuyo fue declarado ganador cuando aún quedaban más de 10.000 actas electorales por computar.

Pese a su retórica, –«la Comisión no tiene ninguna intención de reformarse para organizar unas elecciones creíbles. Ellos y el Jubilee (la alianza por la que se presenta Kenyatta) están decididos a repetir el fraude electoral»–, entre los analistas locales existe la certeza de que Odinga no boicoteará las elecciones. La sustitución del presidente de la IEBC y un gesto del resto de miembros para garantizar su imparcialidad en el proceso debería bastar para que la oposición aceptase participar.

En el país, señala el investigador en política social de la Universidad de Nairobi, Sekou Toure Otondi, todos saben que «no hay tiempo para solucionar las deficiencias del proceso electoral» en 60 días, pero el mandato interino de Kenyatta concluye el 1 de noviembre y Kenia necesita una solución que ponga fin a la escalada de tensión que ha tomado las calles. En las últimas semanas, partidarios de ambos candidatos han cortado carreteras, lanzado piedras e incendiado neumáticos para protestar en un caso por la anulación del resultado de agosto y en otro para exigir la reforma de la Comisión Electoral.

El bloqueo del día después. Ocurra lo que ocurra en octubre, el escenario político en Kenia al día siguiente de las elecciones continuará siendo muy incierto. Aunque Odinga sea proclamado vencedor, Uhuru Kenyatta y la élite kikuyo que lidera el país desde su independencia seguirán sosteniendo el poder de facto: «Kenyatta todavía mantiene su capacidad de influir», apunta Sekou Toure y, añade el experto en derechos humanos Daniel Wesangula, «el control sobre la mayoría de las instituciones de justicia del país».

Pero sobre todo, Kenyatta cuenta con el apoyo de un partido fuerte que ostenta la mayoría tanto en el Senado como en la Asamblea Nacional.

«Si Raila gana, ¿cómo va a gobernar el país? ¿Cómo? Jubilee tiene 41 senadores, todos elegidos y nombrados. Podemos trabajar en el Senado sin la presencia de un sólo miembro de NASA», alertó el líder kikuyo, quien incluso fue más allá y amenazó con promover una reforma constitucional –para lo cual necesitaría el apoyo de 13 miembros de otros partidos en la Asamblea Nacional– o provocar el impeachment de Odinga.

«Tenemos que decir la verdad a los kenianos. Incluso si es elegido tenemos la oportunidad en el Parlamento de recusarlo en dos o tres meses».

Tampoco una victoria de Kenyatta garantiza la estabilidad tan anhelada por la comunidad internacional. El desprestigio de su gestión, asociada demasiadas veces a escándalos de corrupción, más aún tras la sentencia del Tribunal Supremo, y la capacidad de la oposición de incendiar de nuevo las calles obligarían a buscar una salida en forma de gobierno de colación, como el que puso fin al invierno sangriento de 2008.

No obstante, Odinga, que en aquella ocasión sí entró en el Ejecutivo presidido por el entonces líder kikuyo Mwai Kibaki, ha anunciado que no aceptará una propuesta similar, puesto que no está dispuesto a «compartir el poder con ladrones».

Así, y aunque Kenia acuda a las urnas de nuevo el próximo octubre, el país parece encaminarse hacia un punto muerto del que nadie sabe a buen seguro cómo podrá salir. «Esto», apunta Ochiel, «puede forzar» a que los líderes de ambas facciones «se sienten en la mesa de negociación».

Un mensaje al continente, otro a occidente. La decisión de la Justicia keniana de anular las elecciones ha supuesto un terremoto en toda la región. «El Tribunal Supremo ha liderado una declaración no sólo en África de Este, también en todo el continente. Kenia es el cuarto país en el mundo en el que una sentencia judicial anula una victoria electoral y ordena repetir los comicios», resalta Wesangula.

Por primera vez, el Estado de derecho se impone a las corruptelas que históricamente han prevalecido en el continente y otros países, como Angola, donde la oposición ha impugnado el resultado que dio la victoria el pasado 23 de agosto al líder del Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), João Lourenço, parecen querer seguir ya el ejemplo de Kenia.

Lo ocurrido en agosto es también un mensaje contra el patriarcado de la comunidad internacional, empeñada en seguir tutelando lo que ocurre en África como si el continente entero fuese todavía parte de sus colonias. «Ya no tienen legitimidad moral para decirle a los keniatas lo que está bien o lo que está mal», sentencia el investigador de la universidad de Nairobi. El papel de la Unión Europea, cuya misión de observadores avaló el resultado de los comicios, Estados Unidos o China ha quedado en entredicho y son cada vez más las voces que se alzan contra las constantes injerencias extranjeras.

«Las misiones internacionales», añade Wesangula, deberían replantearse su «papel como observadores»: «Tienen que idear una mejor manera de vigilar las elecciones». Quizá los comicios de octubre sea demasiado pronto para que algo cambie, pero en Kenia son ya muchos los que no confían en Kenyatta ni en sus aliados occidentales. Aunque tampoco Odinga les garantice un futuro mejor.