La consejera de Empleo y Asuntos Sociales de Lakua comparecerá a petición propia en el Parlamento autonómico para explicar el fraude de 300.000 euros detectado por Lanbide en cursos de formación. Beatriz Artolazabal realizó este anuncio ayer en Gasteiz, donde habló sobre la investigación abierta por un juzgado de Bilbo para esclarecer un fraude que podría aumentar hasta el millón de euros.

La investigación se centra en determinar si se han producido suplantaciones de identidad de alumnos en cursos programados de las administraciones con el objeto de cobrar subvenciones públicas de forma irregular.

Según publicaron medios escritos del grupo “Vocento”, todo comenzó después de que un alumno de un centro de Otxarkoaga descubriese que su nombre y su firma aparecían en una materia en la que no se había inscrito. Al parecer, figuraba que había recibido clases en oferta formativa dirigida principalmente a desempleados. Tras pedir explicaciones en el centro, el alumno alertó a las instituciones, que dieron avisto al grupo de estafas de la Ertzaintza, que analizó la existencia de un supuesto delito de suplantación de identidad. Finalmente, el caso quedó en manos del juzgado de instrucción, que ha abierto una investigación para determinar si estas suplantaciones de identidad tienen por objeto cobrar dinero público.

Artolazabal reconoció que el fraude, detectado el pasado mes de febrero por los controles habituales del Servicio Vasco de Empleo, ha sido cometido por una empresa privada de formación financiada por Lanbide. Asimismo, indicó que, desde entonces, el Departamento de Empleo ha estado colaborando con la Ertzaintza, y ha reclamado y recuperado el dinero estafado. «Por el momento tenemos detectados aproximadamente 300.000 euros que se han reclamado y se han devuelto, además con los intereses pertinentes», añadió la consejera, que hoy solicitará comparecer en la Cámara de Gasteiz. .

Cabe señalar que, según Lanbide, son siete los cursos formativos que han levantado sospechas, y se han impartido en tres equipamientos educativos, a los que el Servicio Vasco de Empleo ha reclamado las subvenciones «integras». Los cursos estaban diseñados para formar a 117 personas, de las que solo 62 terminaron y obtuvieron su certificación profesional.