No fue la comparecencia del president, Carles Puigdemont, que los miles de ciudadanos concentrados a las puertas del Parlament esperaban. Tampoco la que la CUP y algunos miembros de ERC pensaban escuchar. La de ayer, como no podía ser de otra manera, fue una sesión caótica cuyo análisis requiere una ducha fría. Como mínimo. Con todo, la foto final del día es la de los diputados de Junts pel Sí y la CUP firmando una Declaración de independencia que Puigdemont dejó en suspenso para explorar la mediación.

El curso de los acontecimientos, sin embargo, fue inverso, lo cual enredó las cosas de una manera notable. El solemne discurso de Puigdemont estaba previsto para las 18.00. Una hora antes, hizo llegar el texto a sus socios independentistas –no solo a la CUP– y se encendieron las alarmas de los que esperaban la proclamación de la República catalana con todos sus efectos y todas sus consecuencias. Se desataron las negociaciones de última hora, las caras largas y el estrés generalizado.

Finalmente, fue a las 19.00 cuando Puigdemont subió al estrado. El texto tuvo dos fragmentos clave, uno al lado del otro. El primero: «Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo al presentarles los resultados del referéndum ante el Parlament y ante nuestros conciudadanos, el mandato de que Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de república». El segundo: «Con la misma solemnidad, el Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada».

Habrá quien aplique microscopios y bisturíes para abrir en canal estas palabras en busca de su significado último, pero a veces conviene simplificar las cosas: Puigdemont no declaró la independencia, simplemente se comprometió con ella, priorizando dejar la puerta abierta a una mediación que aseguró que ya está en marcha. Esta era la principal demanda que llegaba desde Europa: no hagan una DUI. Puigdemont no la hizo.

Y sin embargo, pidió al Parlament que suspendiese la declaración de independencia. ¿Pero qué declaración? ¿Dónde estaba? Un piso más abajo, en el auditorio del Parlament. Fue allí donde los diputados de Junts pel Sí y la CUP firmaron un texto cuya parte dispositiva arranca así: «Constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social». Nada más y nada menos. Pueden leer en la página de al lado los puntos más importantes de un texto que no deja margen a la duda.

Pero para cuando se firmó la declaración, esta ya había sido despojada de cualquier efecto práctico o jurídico, lo cual generó malestar en sectores independentistas. Sin embargo, también se había acabado ya el pleno del Parlament, de forma que se desactivó el espectáculo y los intentos de filibusterismo que, de buen seguro, habrían complicado todavía más la ya de por sí caótica sesión.

En resumen, el escenario final que quedó tras la jornada de ayer, pese a las sorpresas de última hora, no difiere tanto de la opción que, al principio del día, tenía más números: una Declaración de independencia sin efectos jurídicos inmediatos que queda en suspenso a la espera de que la mediación internacional consiga desencallar algún tipo de diálogo. Es la vía eslovena. El Govern no quiere perder el capital político acumulado el 1-O, tanto interna como externamente; de ahí esta apuesta. Le puede generar problemas internos, como ayer mismo se vio, pero sitúa hábilmente la presión de la mirada internacional sobre el tejado de la Moncloa.

¿Y ahora qué?

El punto más polémico, probablemente, se sitúa en el vago y genérico «unas semanas» que Puigdemont dio la tentativa de negociación. En ello coincidieron tanto las entidades soberanistas, ANC y Òmnium Cultural, como la CUP, que reclamaron a Puigdemont que ponga una fecha límite a esta puerta abierta a la mediación internacional. La Assemblea y Òmnium prefirieron no proponer periodo ninguno, pero la CUP fue un paso más allá y reclamó que no se extendiese más allá de un mes. Si en ese plazo no se ha abierto diálogo ninguno, la declaración debería ser validada y puesta en práctica por el Parlament, defendieron ayer los cuperos.

El exdiputado de la CUP Quim Arrufat confesó ayer un «desconcierto general» tras un pleno que no fue «el esperado». «Una hora antes nos han cambiado todos los guiones», explicó antes de informar de que no avalan la suspensión de la Declaración». La proclamación de la República «era y es el único instrumento que nos permite negociar de igual a igual», consideró, explicando que en el próximo Consell Polític debatirán si la CUP abandona «la actividad parlamentaria ordinaria».

«La cadena de confianzas con Puigdemont ha quedado tocada, no rota, pero sí tocada», aseguró Arrufat. La CUP estaba dolida ayer por la falta de comunicación de Puigdemont y por los cambios de última hora, debidos según el Govern a ofertas de mediación de última hora. En los próximos días veremos qué hay de cierto en dichas promesas. Con todo, ayer en el Parlament pareció olvidarse por momentos que quien decidirá sobre la validez o no del paso dado ayer, con toda probabilidad, será el propio Estado. Si hoy anuncia la puesta en marcha del 155, la apuesta de ayer se mostrará como la mejor posible.