El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ofrecido por carta al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, un margen de dos meses para dialogar y negociar una salida política al conflicto y le ha propuesto concretar «lo antes posible» una reunión para «explorar los primeros acuerdos». El mandatario español le había dado un primer ultimátum hasta las 10.00 de hoy para que aclarara si en el pleno del pasado día 10 había declarado la independencia de Catalunya. 

En la misiva, en la que no responde si declaró la independencia o no, como le exigía Rajoy, Puigdemont propone que «todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan la oportunidad de explorarlo» para, de esa manera, comprobar «el compromiso de cada una de las partes en hallar una solución acordada».

En el texto también ha emplazado a Rajoy a que se «revierta la represión contra el pueblo y el Gobierno de Catalunya». Pone como ejemplos las citaciones hoy en la Audiencia Nacional del mayor de los Mossos y de los presidentes de la ANC y Òmnium, así como la intervención de las cuentas de la Generalitat, la «censura de internet y medios de comunicación», la «violación del secreto postal», las detenciones de cargos del Govern y la «brutal violencia policial ejercida contra población civil pacífica».

El president catalán afirma que su propuesta de diálogo es «sincera y honesta», «pese a todo lo ocurrido», pero «lógicamente incompatible con el actual clima de creciente represión y amenaza».

Puigdemont se muestra seguro de que «con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo de cara podremos encontrar el camino de la solución».

Sin declaración de independencia en los documentos anexos

La carta acompaña dos páginas en las que el president catalán añade varios documentos anexos a la misiva. Entre ellas se encuentran la comparecencia de Puigdemont en el Parlament catalán el pasado 10 de octubre y la Ley del Referéndum aprobada el 6 de setiembre, además de los resultados definitivos del referéndum del 1 de octubre y las elecciones al Parlament del 27 de setiembre de 2015. Sin embargo, en este listado no se añade la declaración de independencia firmada por la mayoría de los parlamentarios catalanes el 10 de octubre.

Entre los anexos, también se encuentran el informe de los observadores internacionales del referéndum, la demanda del Consejo de Europa en cuanto al «uso desproporcionado de la fuerza», la solicitud de expertos de la ONU en la que pedían diálogo entre Barcelona y Madrid, el informe de Human Rights Watch sobre la intervención de Policía y Guardia Civil el 1-O, el de Amnistía Internacional en el mismo sentido y declaraciones de mandatarios y parlamentos de Bélgica, Quebec y Eslovenia.