Manual de primeros auxilios ante el encarcelamiento de oponentes políticos: negar la mayor y asegurar que no están presos por sus ideas sino por haber contravenido la ley, aunque esta haya tenido que retorcerse hasta la «construcción de imputaciones» y la deslocalización de los tribunales para hacer que una causa recaiga en la Audiencia Nacional, cuando podía estar siendo investigada por cualquier juzgado de guardia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, negó ayer que los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, sean presos políticos, sino que están encarcelados por la «hipotética comisión de un delito». Según Catalá, «no se puede hablar de presos políticos, podemos hablar de políticos presos».

Su compañero de Gabinete Juan Ignacio Zoido, titular de Interior, aprovechó el acto del Día de la Policía celebrado en el Congreso para asegurar que «en España existe separación de poderes» y que, por tanto, «es evidente que nadie está preso por pensar de una forma u otra, sino por incumplir la ley».

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, abundó en la misma idea, rechazando que los encarcelados puedan ser considerados presos políticos, y avisó de que «lo que ocurre en España es que nadie tiene impunidad ni inmunidad» y que «el que la hace, la paga». Denunció que se trata de «la gran mentira victimista que ha fabricado [el independentismo catalán] y que sigue fabricando».

Hernando insistió en que «aquí no ha habido arrestos por sus ideas políticas, sino decisiones judiciales en base a actuaciones ilegales». «En España, el que la hace la paga», sentenció, para luego declarar que «ya está bien de tantas mentiras, de enrollarse en banderas que nada tienen que ver con la libertad y la democracia».

«Asesinos y pedófilos»

Las declaraciones de Catalá, Zoido y Hernando forman parte del argumentario habitual en estos casos. Ningún estado admite por voluntad propia que en sus cárceles hay presos políticos, sino que siempre se les acusa de los más diversos delitos o se eleva cualquier actividad pacífica a la categoría de «terrorismo».

Por ejemplo, en los últimos meses el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha ordenado el encarcelamiento de miles de personas, entre ellas, centenares de periodistas. Pero la justificación de Erdogan es que «no vamos a tolerar a quienes operan como espías y organizaciones terroristas con el pretexto del periodismo». Agregó que «basta ver el listado de periodistas [detenidos] para comprobar que hablamos de asesinos, ladrones, pedófilos, mangantes y de muchas más cosas. Todo esto nada tiene que ver con el periodismo». Por supuesto, siempre ha habido un juez que ha firmado esas órdenes de prisión, como en cualquier otro «Estado de Derecho».

Tampoco Augusto Pinochet admitía la existencia de presos políticos, sino que como dijo en una ocasión «en Chile no hay prisioneros políticos; hay trasladados políticos». Luego se lió un poco y añadió que «en Chile hemos matad..., no, han muerto...».

También las autoridades chinas aseguran que en su país «no hay presos políticos» y que existe incluso «libertad para expresar opiniones», siempre y cuando no infrinjan la ley, en cuyo caso se puede pedir a sus autores responsabilidades penales, como dicen también Catalá, Zoido y Hernando.

Unidos Podemos sí los ve

Mientras PSOE y Ciudadanos dan por bueno el encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, tachó de «auténtica vergüenza» el auto de prisión contra los líderes independentistas, a los que también calificó de «presos políticos».

Pablo Iglesias, líder de la formación morada, aseguró sentir «vergüenza» por que «en un país como el nuestro pasen estas cosas. No quiero una España donde haya presos políticos y en la que los problemas políticos se respondan judicializándolos o con violencia».

El PSOE retira la iniciativa de reprobar a la vicepresidenta por las cargas policiales del 1-O

El PSOE retiró ayer la iniciativa que registró para reprobar en el Congreso de los Diputados a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por las cargas policiales en Catalunya en la jornada del referéndum del 1 de octubre.

La retirada de la reprobación fue justificada por una cuestión de «oportunidad»; ante el cariz que están tomando los acontecimientos en Catalunya –donde el Gobierno del PP, con apoyo de PSOE y Ciudadanos, aplicará el artículo 155 de la Constitución para tomar parcialmente el control de la autonomía–, los socialistas han decidido que este no es el momento para reprobar a la vicepresidenta.

La “número dos” del PSOE, Adriana Lastra, explicó a los medios de comunicación, en declaraciones realizadas en la Cámara Baja, que a su partido le sigue sin gustar la actuación policial del 1 de octubre, que pudo ver toda la ciudadanía del Estado español y también la comunidad internacional. Pero afirmó a continuación que, ante una semana que se presenta «bastante más complicada», en adelante «tiempo habrá de pedir explicaciones», pero no en este momento. En todo caso, Lastra negó que fuera un error pedir la reprobación de la vicepresidenta tras esas cargas policiales.

El anuncio de la reprobación, que iba a ser apoyada por Unidos Podemos y las formaciones independentistas, había suscitado críticas internas en el partido de Pedro Sánchez, por un lado de diputados como José María Barreda y por otro de exdirigentes históricos como Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Joaquín Leguina, entre otros.

La semana pasada el PSOE ya pidió aplazar la interpelación urgente a la vicepresidenta (paso previo a la reprobación), y lo hizo alegando que iba a coincidir en el mismo día con la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para hablar ante el Congreso de los Diputados sobre la situación en el Principat. Entonces, la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, dejó la puerta abierta a retirar la reprobación si Mariano Rajoy les daba motivos para ello, mientras que el secretario de Organización, José Luis Ábalos, hizo hincapié en que el aplazamiento no debía interpretarse como una rectificación.

En ese debate, el presidente Rajoy no pidió disculpas por las cargas policiales –como sí hizo el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo–, pero para entonces ya se había comprometido con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a abrir en 2018 el debate sobre la reforma constitucional.

Este debate no contará probablemente con la participación de los partidos independentistas catalanes, que no ven posible ninguna reforma con «presos políticos» y la aplicación del artículo 155.GARA

Cospedal y la obligación militar de la unidad

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, destacó ayer la obligación de mantener la unidad que da «fortaleza a España» durante su visita al cuartel del Ejército español en Girona, que aloja a los agentes de las Fuerzas de Seguridad desplegados en Catalunya para hacer frente al proceso catalán.

En las palabras que dirigió a los militares de Sant Climent, Cospedal aseguró que tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército de Tierra se sienten «muy orgullosos» y «muy identificados» con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Recordó que la función de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas es «defender el orden constitucional, la integridad territorial, el ejercicio de los derechos humanos y la libertad de todos los españoles».

«La ley es el arma más potente para ello y es una obligación defenderla», afirmó la ministra, quien apeló en ese momento de su intervención a la unidad que da «fortaleza a España» e insistió en la obligación de mantenerla. María Dolores de Cospedal también destacó que es «un orgullo» tener una unidad como la de Sant Climent de Sescebes que, según manifestó, es «un pedazo de España y de Catalunya», y agregó que «España está muy orgullosa» de «la vocación de servicio a su patria» de los militares.

Los cuarteles del Ejército en Girona y El Bruch acogen estos días a 312 guardia civiles y 82 policías nacionales de los trasladados desde otros puntos del Estado hasta Catalunya, con motivo del referéndum del 1-O.GARA