El sindicato confía en que, una vez devuelto al Gobierno el proyecto, se haya «evitado definitivamente una Ley de Policías regresiva, arbitraria y discriminatoria», que «empeoraba las condiciones de trabajo, aumentaba la flexibilidad y suponía mayor arbitrariedad y amiguismo».

Tras denunciar que «el fracaso» de la consejera María José Beaumont, EH Bildu y Geroa Bai en la búsqueda de apoyos al proyecto «evidencia que erraron al elegir como aliados a quienes sostenían el régimen de UPN dentro de la Policía Foral», ELA les reprocha en un comunicado que pretendieran aprobar una ley que no contaba con el apoyo de la mayoría sindical.

Por eso valora la decisión de Podemos e Izquierda-Ezkerra de no apoyar el proyecto, «respetando así principios democráticos básicos en la negociación colectiva, como son el respeto a las mayorías», a pesar de formar ambos parte del cuatripartito que sustenta al Gobierno.

Añade además que es «incomprensible el alineamiento en todo este proceso por parte de la consejería de Interior, de EH Bildu y de Geroa Bai con los altos mandos de la Policía Foral», que fueron quienes durante la tramitación de la ley aprobada en 2015 «se movilizaron para torpedearla».

Y en este sentido, ELA subraya que entonces tuvieron «un papel activo» en contra de la ley quienes en la actualidad ocupan la dirección general de Interior y la jefatura de la Policía Foral, que ahora han apoyado un proyecto «hecho a medida de estos altos mandos».

Critica también que se planteara «una especie de doble escala salarial discriminatoria» al mantener para los actuales policías la compensación por pruebas física bien económica o bien en reducción de jornada y eliminar la opción para las nuevas incorporaciones.

Además niega que la ley de 2015 vaya a supone el repliegue de la Policía Foral, como algunos sostienen, y por el contrario indica que gracias a ella «se consiguió un reparto más justo de la masa salarial y terminar con la arbitrariedad», al tiempo que contribuyó también «a desmontar el modelo policial impuesto durante años por UPN».

Por eso para ELA, esta ley no es el problema sino la aprobación en 2016 de un reglamento por parte de la actual consejera de Interior, «dirigido a boicotear» precisamente una ley que según ELA ahora debe servir de base negociar en la Mesa Sectorial la asunción de mayores competencias para la Policía Foral en un proceso que «debe ir acompañado de una disminución de la presencia de otras fuerzas policiales».

«El Gobierno debe apostar por incrementar la plantilla mediante OPE, pero también debe disputar al Estado las competencias propias de Navarra», subraya ELA, que apuesta por el «desarrollo integral» de este cuerpo en pro de «un modelo policial de proximidad, profesional, de carácter civil, con perspectiva de género y donde se respeten los derechos lingüísticos de la ciudadanía».