«Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10 de octubre». Con estas palabras –advirtiendo sobre la formalización de la declaración, pero recordando que no fue votada el pasado 10 de octubre–, acaba la misiva del president, Carles Puigdemont, al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

Se trata de la carta en respuesta al segundo requerimiento de Rajoy, que ahora deberá decidir si la última frase del texto de Puigdemont puede interpretarse como una forma de decir que el 10 de octubre no se declaró la independencia o seguir el camino hacia del artículo 155. Si la opción es esta última, Rajoy debería convocar un Consejo de Ministros –el ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, ha informado que será el sábado– para aprobar el informe que enviará al Senado, en el que debe detallar las medidas que proponen para intervenir la autonomía. 

En la carta, de apenas seis párrafos, Puigdemont explica que el 10 de octubre «el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos», en el que propuso «dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular». Rajoy podría deducir aquí que la independencia no fue declarada, pero todo es cuestión de voluntad política.

Una voluntad que Puigdemont echa en falta en su contraparte: «Pese a nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar». Igualmente, Puigdemont afea a Rajoy que no haya atendido su propuesta reunirse y que el Estado no haya parado la represión, sino todo lo contrario, encarcelando a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de «entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática».

Antes, al inicio de la carta, el president establece que «el pueblo de Cataluña, el 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de elecores. Un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del Brexit y con un número de catalanes mayor del que votó el Estatut».