El Consejo de Ministros español ha detallado la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra Catalunya, que se ejecutará al máximo nivel cuando lo apruebe el Senado. Incluye el cese de todo el Govern, que sería sustituido por órganos nombrados directamente por el Gobierno español, según ha concretado Mariano Rajoy.

El presidente español no ha querido precisar qué ocurrirá si los mandatarios legítimos del Govern se niegan a dejar los cargos. Pero minutos antes de esta convocatoria, la Fiscalía ya ha filtrado que imputará por «rebelión» a Puigdemont si proclama la independencia, lo que puede traducirse en una condena de 30 años de cárcel.

Rajoy ha sido preguntado también por si esta aplicación del 155 puede interrumpirse en el caso de que el actual president decida convocar elecciones (que no tendrían un carácter autonómico sino constituyente). No ha sido claro; se ha limitado a señalar que eso tendría que decidirlo el Senado.

El presidente español ha dado a entender que el Parlament sí se mantendría, pero absolutamente intervenido desde Madrid. Por ejemplo, la presidenta no podría nombrar candidato a presidir la Generalitat, con lo que aparentemente se intenta impedir una sustitución de Puigdemont o taponar la opción de una convocatoria electoral desde las actuales instituciones legítimas. Paradójicamente, Mariano Rajoy ha llegado a afirmar que todo esto «no supone una suspensión de la autonomía»…

La medida ha sido justificada por Rajoy para cuatro objetivos: «Volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia, continuar con la recuperación económica que está en evidente peligro en Catalunya y celebrar elecciones en situación de normalidad». Ha hecho hincapié en la cuestión económica, afirmando que con la independencia Catalunya abandonaría la UE, perdería toda la banca existente, estaría abocada a una inflación y se generaría una pérdida del PIB de entre 25-30%, creando una situación «insostenible».