El Govern pidió al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) un dictamen sobre el acuerdo que puede aprobar el Senado para aplicar las medidas acordadas por el Gobierno español para asaltar la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución.

El informe sostiene que las medidas en aplicación del 155 no pueden modificar la distribución de competencias entre Estado y Generalitat, y «no pueden comportar una reforma o modificación de la autonomía». Además, afirma que el Gobierno español no puede cesar al Govern ni limintar las funciones esenciales del Parlament.

Para el CGE, todas las medidas que pueda acordar el Senado sobre el 155 debe ser de aplicación gradual, provisional o con una vigencia temporal concreta; deben limitarse a las estrictamente necesarias, estar también acotadas a los ámbitos «imprescindibles para alcanzar el interés constitucional que las justifica» y no ser sancionadoras.

Además, «deben ser lo menos lesivas posible para la autonomía política» y no pueden impedir que Govern o Parlament puedan interponer recursos de inconstitucionalidad ni conflictos de competencia, precisamente con el dictamen preceptivo previo del propio CGE.

Y añade que la autorización de las medidas del Ejecutivo de Rajoy por parte del Senado serán el acto con contenido dispositivo y valor jurídico de ley «que puede ser impugnado ante la justicia constitucional».