El Govern ha remitido mediante burofax el documento con las alegaciones, que han llegado dentro del plazo estabelcido por la comisión encargada de tramitar en el Senado las medidas del 155.

Puigdemont ha utilizado para remitir el documento el mismo procedimiento que empleó el martes el presidente del Senado, Pío García-Escudero, para comunicarle que podía formular sus alegaciones y defenderlas personalmente en la Cámara Alta.

El Ejecutivo catalán defiende que las decisiones que recoge el acuerdo del Gobierno español para aplicar el 155 que va a debatir el Senado, «despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones».

Cita por ejemplo, entre otras, el hecho de que Mariano Rajoy vaya a asumir la potestad de disolver el Parlament y convocar elecciones en Catalunya, así como cesar al presidente de la Generalitat, limitar las potestades del Parlament y que el Estado se haga cargo de «la dirección política de la administración de la Generalitat en su conjunto».

Por ello, considera que si el Senado autoriza las medidas, «estaría imponiéndolas sin una ponderada causa justificante e incurriendo en un exceso notorio» respecto al objeto del requerimiento previo que el Gobierno español hizo a la Generalitat al activar el 155.

También interpreta que existe «una clara falta de congruencia» respecto de ese requerimiento y «con manifiesta desproporción entre la finalidad perseguida y las alteraciones impuestas al sistema institucional de la Generalitat».

En consecuencia, la Generalitat considera que ha habido una «patente vulneración del procedimiento previsto para el artículo 155 de la Constitución».

Rechazadas las alegaciones

En ese escrito, además, Puigdemont, que renunció a acudir a la Cámara Alta, informa de que ha designado al delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, para que le represente en el Senado «a los efectos requeridos» y que será él quien defienda esas alegaciones.

Precisa que si eso no fuera posible, la representación sería asumida por los senadores Josep Lluis Cleries (PDeCAT) y Miquel Angel Estradé (ERC).

Poco después de recibir las alegaciones, la ponencia del Senado creada para estudiar la aplicación del 155 las ha rechazado. Con los votos de PP, PSOE y UPN, la comisión ha respaldado el documento enviado por el Gobierno español; Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV han votado en contra.