A través de su página web, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha publicado una explicación jurídica sobre artículo 155 de la Constitución española, que califica de «inadmisible abuso de derecho y atentado contra los derechos fundamentales de la ciudadanía».

Explica que el citado artículo es un «mecanismo de reacción ante el incumplimiento de una comunidad de autónoma de las obligaciones que le impone la ley o la Constitución o ante una actuación que atente contra el interés general de España», por lo que permite adoptar las «medidas necesarias» para que esa comunidad «cumpla forzosamente sus obligaciones». 

Esas medidas, subraya, «en ningún caso pueden supone la supresión o reducción de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ni mucho menos pueden comportar la derogación directa ni indirecta de las leyes». Especialmente se han referido al Estatut, «que tiene naturaleza de ley orgánica e integra el bloque de constitucionalidad».

Tras enumerar los derechos fundamentales que vulnera ese artículo, entre los que citan los derechos de información, de libertad de educación o de sufragio, la ANC traslada a los funciarios que su obligación de cumplir la ley no «ampara obedecer órdenes claramente contrarias a la legalidad vigentes, que se desprende de los tratados de la Unión Europea (de aplicación directa en el Estado español), de la Constitución española, del Estatuto de Autonomía y del resto de normativa».

«La obligación de los funcionarios de cumplir la ley implica que los funcionarios no deben cumplir las instrucciones que alguien pueda dar amparándose en estas medidas del artículo 155 propuestas por el Gobierno del Estado, desde el momento que son medidas claramente contrarias al ordenamiento jurídico».

Dos situaciones

Además, esta entidad soberanista explica a los funcionarios que «pueden darse dos situaciones a partir de este viernes, cuando el Parlament habrá levantado la suspensión de la Declaración de Independencia de Catalunya y el Gobierno del Estado español tratará de aplicar su dictado de excepción».

Por un lado, si la «República Catalana se puede oponer de manera efectiva», llaman a los funcionarios a «apoyar al Gobierno y el Parlamento legítimos».

Por otro, en caso de que «la violencia policial y militar española se imponga en primera instancia, parcial o totalmente», apelan a la «resistencia pasiva, también desde la misma administración, ante una autoridad no electa, ilegítima, que pretende dar instrucciones que contradicen los fundamentos del estado de derecho y persiguen los derechos fundamentales de la ciudadanía a la cual nos debemos».