La Fiscalía general del Estado ha interpuesto sendas querellas por los delitos de rebelión, sedición y malversación contra los «principales responsables de la Generalitat» en la Audiencia Nacional, y contra la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa aforados que tramitaron la declaración de independencia ante el Tribunal Supremo.

El fiscal José Manuel Mata ha anunciado que ha pedido que los querellados sean citados ante los mencionados tribunales para prestar declaración «en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados». En caso de que no comparecieran, ha pedido su «inmediata detención».

Añade, que tras la admisión a trámite de las querellas «se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados». De este modo, la Fiscalía pide que se incluya «la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros».

Maza ha explicado que la primera querella ante la AN se dirige contra «los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia», realizada «con total desprecio a nuestra Constitución». En la demanda está incluido el exconseller Santi Vila, Santi Vila, pese a que dimitió antes de la proclamación.

La segunda querella se ha presentado ante el Tribunal Supremo contra Carme Forcadell y cinco miembros de la Mesa –entre ellos Juan Josep Nuet, de CSQP– al conservar «la mayoría» de los querellados su aforamiento, como miembros la Diputación Permanente una vez disuelto del Parlament.

Según Maza, la presidenta y el resto de miembros de la Mesa posibilitaron con sus acuerdos «la culminación del proceso independentista» facilitando la votación de la declaración de independencia en el Parlament.

El fiscal general ha recalcado que «a partir de ahora la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al Estado de derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas».