El Ayuntamiento de Barcelona había abordado el jueves por la mañana en sesión ordinaria la situación política en Catalunya, pero hoy a las 9.30 se ha reunido de nuevo de modo extraordinario para valorar los encarcelamientos de miembros del Govern. El resultado ha sido una declaración aprobada por Barcelona en Comú, ERC, PDeCat, CUP y un concejal no adscrito, frente a los votos en contra de PP, PSC y Ciudadanos.

Al terminar el debate, la alcaldesa Colau ha destacado que con el atropello al Govern y el Parlament –cuya legitimidad reivindica Barcelona– este Ayuntamiento de la capital queda como la principal institución catalana que sigue regida por la voluntad popular, por lo que entiende que «tenemos una responsabilidad grandísima de predicar con el ejemplo cuando hablamos de diálogo, respeto y convivencia». La alcaldesa ha lamentado que la declaración no haya tenido apoyo unánime, pero ha querido ver un elemento positivo en que «aquí hay un sentimiento unitario de tristeza».

En el turno de Barcelona en Comú, el teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha considerado que «esto ya va más allá de independencia o no-independencia, hay que hacer un frente común, es un ataque a las libertades de todas y todos los ciudadanos del Estado, a las libertades de España y de Europa».

Por contra, Alfred Bosch (ERC) ha reprochado a los comuns que «la equidistancia se ha acabado. O estás con el Reino de España o estás con la República catalana. No se puede estar entre los que encarcelan y los que están entre barrotes». Y ha dicho que si bien 24 horas antes su grupo no incluyó la reivindicación de la República catalana en su moción, que circunscribió a defender a Govern y el Parlament, ayer sí que lo hubiera hecho.

El alcalde Xavier Trías (PDeCat) ha tenido palabras sentidas para Joaquim Forn, uno de los consellers encarcelados, que es concejal de este consistorio y antes fue incluso teniente de alcalde. En su asiento había un gran lazo amarillo, convertido en símbolo contra la represión en Catalunya. «Basta ya de represión, basta de imposiciones, basta de amenazas», ha exigido Trías, que prevé «un clamor que no va a cesar» en Catalunya y solicita a Colau que envíe la declaración a todas las capitales europeas «para que sepan lo que pasa aquí».

Desde la CUP, Maria Rovira ha considerado que «tienen miedo y por eso encarcelan ideas, pero nosotras ya hemos perdido el miedo». Como Bosch, se ha dirigido a los equidistantes para decirles que no cabe tildar unos encarcelamientos por poner urnas como «desproporcionados» y ha alertado de que la persecución al independentismo se extenderá a todo quien cuestione el sistema.

Alberto Fernández Díaz (PP) y Carina Mejías (Ciudadanos) han defendido la decisión de la Audiencia Nacional en los términos habituales, presentándola como inevitable y de obligado acatamiento. Más incómodo estaba Jaume Collboni (PSC), que ha calificado la situación de «auténtica tragedia política con dimensión humana», ha recordado a Forn y su compañera de UGT y también conseller encarcelada Dolors Bassa, y ha lamentado que «este proceso es la Ley de Murphy: cuanto peor, mejor» sin aludir a la responsabilidad de su partido con el apoyo al 155.