En el auto, que puede ser recurrido, la magistrada señala que todos los querellados han fallecido, salvo el exministro español del Interior Rodolfo Martín Villa, y advierte de que en el proceso penal no cabe llevar a cabo una investigación general sin partir de hechos penalmente relevantes y de personas a las que pudieran atribuirse tales actuaciones, y es preciso contar con un hecho con apariencia de delito y un posible imputado vivo.

En una nota, EH Bildu rechaza las conclusiones del auto, en que dice entender que la juez expresa la «imposibilidad» de abordar esta querella «con los instrumentos legales actuales, instrumentos precisamente construidos por la dictadura y sus herederos».

Al respecto, para EH Bildu, «a los poderes del Estado y a quienes lo sostienen, al Régimen, no le interesa investigar y poner en manos de la justicia a quienes cometieron delitos de genocidio y lesa humanidad, porque ese mismo Estado está construido sobre las bases ideológicas de la dictadura en la que esos delitos fueron realizados».

La coalición abertzale, en todo caso, asegura que las conclusiones del auto les «animan, aún más, a seguir trabajando por la memoria, la justicia y la reparación de todas las personas represaliadas por el franquismo».

Por su parte, en nombre del colectivo de familiares, represaliados y sindicalistas, partícipes en el impulso de la querella municipal y ciudadana interpuesta, Sabino Cuadra (ex diputado de Sortu) ha lamentado que las razones aducidas por la Juez no son más que «un penoso ‘corta y pega’ de las dadas hasta la fecha por el Gobierno del PP, su Fiscalía General y la Audiencia Nacional».

La prescripción de los delitos, la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 y la falta de legitimidad del Ayuntamiento de Iruñea para presentar la querella en cuestión, son algunos de ellos, señala Cuadra, quien asegura que la jueza de Iruñea «se suma así también a la práctica de boicot» con la que el Gobierno del PP está respondiendo a los requerimientos de Argentina donde se está siguiendo un juicio por los crímenes de la Dictadura española.

La jueza, «lejos de atender a las exigencias de Verdad, Justicia y Reparación reclamadas por los familiares de más de tres mil personas asesinadas y hechas desaparecer» en Nafarroa tras el golpe militar-fascista del 36, y de quienes padecieron «exilio, expolio, persecución, torturas, cárcel y muerte durante los largos cuarenta años de Dictadura, opta por seguir los dictados del Gobierno del PP y sus fiscales».