Voluntariamente y en compañía de sus abogados. De esa manera se han personado el president catalán, Carles Puigdemont, y los consellers establecidos en Bruselas en una comisaría de la Policía Federal en Bruselas. Lo ha confirmado la Fiscalía belga a las 14.00, aunque ha ocurrido a las 9.17. Con ello se ha impedido el primer objetivo de España, que era conseguir la imagen de la detención de los legítimos gobernantes catalanes. La obsesión española al respecto es evidente: en la rueda de prensa del portavoz de la Fiscalía belga, se le han formulado preguntas como si Puigdemont está esposado. Ha respondido que no.

Sobre los políticos catalanes pesaba una euroorden de arresto emitida por la jueza Lamela de la Audiencia Nacional tras no acudir el pasado jueves a declarar. Con lo ocurrido hoy se pone ahora en marcha un proceso que durará más de 60 días. Los otros cuatro consellers son Clara Ponsatí (Educación), Lluís Puig (Cultura), Antoni Comín (Salud) y Meritxell Serret (Agricultura). Todos se encuentran en este momento en custodia policial, pero a la espera de la decisión del juez, que se conocerá hoy domingo o mañana lunes. La Fiscalía se limita a dar curso a la euroorden, que ahora pasa a manos del magistrado.

Esta misma tarde los legítimos gobernantes catalanes comparecerán ante este juez, que decidirá en qué situación quedan en un plazo máximo de 24 horas. España presiona sin disimulo para que sean encarcelados, pero el juez también puede determinar que queden libres bajo medidas cautelares.

El proceso posterior se prolongará durante más de 60 días, por lo que se da por seguro que cuando se celebren las elecciones del 21D todavía no habrá decisión final sobre la extradición o no al Estado español. Y cabe recordar que es seguro que Carles Puigdemont será candidato electoral, puesto que el PDCat lo ha proclamado esta mañana como cabeza de lista y en el caso de que haya lista conjunta (como el propio president defiende) también estaría en ella con total seguridad.

La euroorden española incluye cinco delitos, pero en ellos destacan por su gravedad dos: el de rebelión, penado con hasta 30 años y que tiene dudoso encaje en la legislación belga, y el de sedición, que en Bélgica se castiga con seis meses de prisión frente a los quince años que prevé el Estado español. Al final de este proceso puede ocurrir que se acepte la euroorden en su conjunto o de forma parcial y condicionada (solo para algunos delitos).