Los integrantes del Foro Social Permanente Agus Hernan y Nekane Alzelai, junto a representantes de Etxerat y Sare, han comparecido en Donostia para expresar su «preocupación y alarma» ante la «crítica situación» que padece Ibon Iparragirre, gravemente enfermo y hacer un llamamiento a articular «las iniciativas institucionales y sociales que sean necesarias» para que su caso y el de los otros 21 presos enfermos «tengan una solución urgente».

Hernan y Alzelai han hecho un repaso de los avances que se han dado en el trabajo por la reintegración de las personas presas y han explicado que desde que el Foro Social presentó las conclusiones del IV Foro en marzo pasado han trabajado «en el impulso de tres carriles» en Ipar Euskal Herria, en Nafarroa y en la CAV, con el fin de lograr «una sociedad en paz sin personas presas por motivaciones políticas».

Han destacado como «hitos importantes» los posicionamientos de los parlamentos de Gasteiz y de Nafarroa a favor de la libertad de los presos enfermos y reclamando la transferencia de la política penitenciaria, así como el posicionamiento de los sindicatos de la CAV y de Nafarroa sobre la misma cuestión.

El Foro Social cree que «se ha consolidado ya una mayoría institucional, política, sindical y social que demanda que la problemática de las personas presas se encauce desde parámetros exclusivamente de legalidad penitenciaria, sin castigos añadidos, que solo responden a lógicas de vencedores y vencidos», una mayoría que «se está activando buscando marcos diferentes de diálogo y cauces de expresión de estos acuerdos».

A su entender, esos posicionamientos políticos y sindicales, junto a las decisiones del debate de EPPK, están «en consonancia con las demandas de la sociedad vasca».

«Hoja de ruta integral y transversal»

«Poco a poco, los diferentes actores que pueden aportar a la resolución están llegando a niveles de acuerdo importantes», que el Foro espera «desemboquen en una hoja de ruta integral y transversal» que defina «cómo vamos a afrontar la reintegración en un plazo razonable y con garantías de aplicación, superando la actual excepcionalidad penitenciaria».

Alzelai y Hernan han reivindicado un debate de las transferencias de las competencias en materia penitenciaria «mucho más integral» en los parlamentos de Gasteiz y Nafarroa, ya que «si la gestión de estas transferencias estuviese en manos de los Gobiernos Vasco y de Navarra, esta problemática podría encararse desde parámetros más razonables».

Por ello, han abogado por «una reforma de la legislación para que se devuelvan a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria naturales las competencias sobre el cumplimiento de la pena impuesta, actualmente en manos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en la Audiencia Nacional».

El Foro ha denunciado «la sordera y la falta de humanidad» del Gobierno español ante la situación de Iparragirre, «no solo ante las demandas de la familia, sino de las instituciones», y le ha hecho un «llamamiento formal» para que, de forma urgente, respete el posicionamiento de los parlamentos de Gasteiz y Nafarroa por la libertad de los presos enfermos.