Esta proposición de ley, señalan Geroa Bai y EH Bildu en un comunicado, se está tramitando con carácter de urgencia y por lectura única con el objetivo de ser aprobada en el pleno del próximo 21 de diciembre, según decisión adoptada la semana pasada en Junta de Portavoces con los votos del PSN, UPN, PPN e I-E.

Geroa Bai y EH Bildu consideran necesario que se realice un análisis jurídico completo «desde el punto de vista tanto formal como material» de esta iniciativa legislativa.

En especial consideran que es necesario evaluar una serie de problemas que, en caso de aprobarse esta ley, podrían afectar a «los derechos e intereses de los futuros aspirantes que se presenten a las oposiciones que el Departamento de Educación convoque para 2018».

«En su afán por obstaculizar que la lista única que reclama la mayoría sindical sea una realidad», agregan, el PSN plantea una proposición de ley «de la que pudieran derivarse problemas de seguridad jurídica porque el Parlamento de Navarra entra a legislar concretando y desarrollando una regulación estatal (RD 276/2007, de 23 de febrero) en un determinado sentido».

Estos grupos han solicitado también el análisis de las consecuencias que pudiera tener regular con valor de ley una materia propiamente reglamentaria, ya que sería «sumamente grave que los particulares que se presenten a esas oposiciones convocadas bajo el paraguas de esta ley puedan verse perjudicados en la defensa de sus derechos e intereses por no poder recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa».

Además, estos grupos parlamentarios solicitan que se analice si es conforme a derecho la retroactividad planteada, ya que la Ley foral «contempla la posibilidad de ser aplicada a convocatorias iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor, en unas determinadas condiciones, por la problemática que pudiera derivarse para las y los aspirantes».

Geroa Bai y EH Bildu entienden que, con la proposición de ley del PSN, «a quien verdaderamente se penaliza es a quien conoce el euskera, dado que le obliga a examinarse dos veces para demostrar las mismas competencias, y esa no es de ninguna manera una solución razonable».

«Por encima de fobias, la lista única es factible, tiene encaje legal y técnico, y es la opción más justa y razonable, una reivindicación que además tiene el respaldo de la mayoría sindical», concluyen.