El grupo parlamentario de Junts pel Sí pidió en noviembre un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el 155 y el órgano consultivo de la Generalitat concluyó que era susceptible de recurrirse; entre otras razones, porque el cese del Govern no era una «medida necesaria o indispensable».

C's, PSC y PP han votado en contra de recurrir al TC la aplicación del 155 porque defienden que era «necesario» tras la proclamación de la independencia en el Parlament.

El diputado de JxSí Lluís Corominas ha apoyado el recurso basándose en el dictamen del CGE, y ha concluido que la aplicación del 155, con el cese de Carles Puigdemont al frente del Govern y la disolución del Parlament, vulnera el ordenamiento jurídico vigente porque, a su juicio, se han infringido funciones estatutarias y constitucionales que corresponden a la figura del president de la Generalitat.

«De la literalidad del 155 en ningún caso se puede presuponer que pueda sustituirse al presidente de la Generalitat y disolverse el Parlament. De todo lo relativo a los derechos fundamentales, si no está expresamente escrito o prohibido, no puede hacerse una interpretación extensiva», ha recalcado Corominas, que ha acusado al Estado español de abusar del 155.

Tras reprochar al Estado falta de proporcionalidad, ha cargado contra la vicepresidenta del Gobierno de Madrid, Soraya Saénz de Santamaría, por afirmar en campaña que el PP ha descabezado a los partidos independentistas, lo que evidencia que «la única conjura que ha habido es del Gobierno central, que ha utilizado a los organismos del Estado para anular la autonomía de Cataluña y encarcelar las ideas», y ha defendido recurrir a la justicia europea si el TC rechaza el recurso anunciado este miércoles.

La diputada de SíQueEsPot Marta Ribas ha exigido la suspensión inmediata del 155 para recuperar el autogobierno catalán y volver a una «normalidad democrática» que lleve a la búsqueda de soluciones políticas a través del diálogo y en la que se olviden vías unilaterales, juzgados y la policía.

Además de recordar el recurso presentado por Podemos al TC por la misma cuestión, ha opinado que el 155 ha traspasado límites democráticos, estatutarios y constitucionales, y ha argumentado la necesidad de aclarar los límites de su aplicación, sentar jurisprudencia y evitar tentaciones de querer aplicarlo a otros gobiernos autonómicos «por no ser suficientemente complacientes con el Estado».

En su opinión, el 155 permite dar instrucciones concretas a gobiernos autonómicos «pero no disolver el Parlament y menos aún cesar a un Govern», destacando que no era la intención del redactado de este artículo.

Abstención de la CUP

Desde la CUP, la diputada Gabriela Serra ha justificado la abstención de su grupo porque no reconocen en el TC ninguna competencia ni autoridad, y ha negado que el 155 sea el despliegue de un artículo de la Constitución porque es «un golpe de Estado» contra la instituciones catalanas.

«Todos los golpes de Estado son siempre inconstitucionales. Un golpe de Estado no vale la pena demostrar su inconstitucionalidad», ha subrayado Serra, por lo que cree que nunca se debería haber aplicado el 155.

Para Serra, el artículo se aplicó porque «por primera vez, mucha gente organizada de forma pacífica y no violenta fue capaz de poner en crisis el régimen del 78» y no por otros motivos.

Artículo «ceñido» a los comicios

Cs, PSC y PP, partidarios de la aplicación del 155 tras la proclamación de la independencia, han defendido la medida en tanto que se ha «ceñido» a disolver el Parlament y el Govern, y convocar elecciones –en las que el bloque independentista reeditó su mayoría absoluta–.

El portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, ha considerado que el análisis del 155 de este miércoles se debería haber pospuesto hasta la constitución del nuevo Parlament, «pero se ha querido abusar nuevamente de la mayoría» independentista de la cámara saliente.

También ha defendido que «la aplicación –del 155– fue constitucional» y que así lo avala el CGE, si bien este órgano consultivo pone objeciones a la medida de disolución del Govern –no del Parlament–.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha repasado todas las medidas impulsadas por los independentistas que se han aprobado «unilateralmente» en el Parlament a lo largo de la legislatura, y ha recordado que su partido siempre ha rechazado tanto la declaración de independencia como el 155, lamentando que finalmente se hayan producido ambas cosas.

Sobre el cese del Govern, que la mayoría del CGE no ve proporcional, ha dicho que no había «otro modo de frenar la reiterada violación de la legalidad» por parte del Govern, y ha reivindicado que las medidas del 155 han sido lo menos lesivas posibles.

Ha señalado que el 155 se acabará con el nombramiento de un nuevo presidente y un nuevo Ejecutivo «si ajustan su actuación a la legalidad vigente», y ha celebrado que los independentistas propongan recurrir al TC porque, a su juicio, eso significa que reconocen la autoridad del tribunal.

El portavoz del PP, Alejandro Fernández, ha coincidido con Iceta en este punto: «No estoy de acuerdo, pero celebro que se proponga el recurso porque es reconocer implícitamente la legitimidad el TC».

Ahora bien, ha señalado que el reconocimiento de esa legitimidad es «bipolar porque el TC despierta un entusiasmo febril cuando da la razón, y, cuando no la da, las pataletas son históricas».