El Gobierno de Unai Rementeria calla, aduciendo la confidencialidad que debe mantener en asuntos relacionados con menores, pero cada vez son más las voces que señalan su responsabilidad en no haber tratado adecuadamente el caso de los chavales implicados en el crimen de Otxarkoaga. Se evita desvelar datos concretos, dejándolo en un genérico «familias desestructuradas» y «ausencia de control», pero se apunta a que los recursos concertados por la Diputación –el 90% de los existentes en la red foral– no son capaces de atender «casos conflictivos» por el «número limitado de educadores» y su «escasa cualificación».

La portavoz de EH Bildu en Bilbo, Aitziber Ibaibarriaga, defendió la necesidad de «revisar» las herramientas existentes en la tutela asistencial de menores. «La Diputación, que es la que tiene mayores competencias, debe realizar una lectura crítica y sincera sobre el funcionamiento y los recursos destinados a realizar esta labor», dijo.

Las entidades que prestan el servicio, añaden las fuentes consultadas, lo hacen a través de la figura jurídica del convenio, lo que permite que no haya una evaluación adecuada sobre sus méritos. «Fomenta el clientelismo y luego llegan las consecuencias en la calidad, grave si hablamos de servicios sociales», lamentan. Tampoco se pasa por alto que alguna instancia conocedora de la conflictividad de los menores –citando además de a la propia Diputación, a la Fiscalía o Ertzaintza– debiera haber adoptado medidas.

Frente a la opinión creciente de que el sistema ha fallado, el portavoz del Ejecutivo de Lakua, Josu Erkoreka, advirtió que «un buen sistema de asistencia social y unos buenos recursos sociales no garantizan ni aquí ni en ningún otro país europeo o extraeuropeo al 100% que no puedan producirse hechos» como el de Otxarkoaga. Defendió que el sistema está dotado de «recursos sociales y policiales como para prevenir y responder eficazmente a un país civilizado o a los hechos que puedan tener lugar».

Llamada a las instituciones

Desde Otxarkoaga, su movimiento asociativo exigió ayer al Consistorio, Diputación y Gobierno de Lakua que se sienten con ellos al objeto de establecer las líneas de actuación para resolver las carencias que soporta el barrio en los ámbitos educativo, de seguridad, económico, social, equipamental y cultural. «No queremos más estudios, ni más proyectos. Queremos soluciones», subrayaron.

«Sabemos lo que necesitamos en cada campo, son muchos años de estudios e investigaciones, y ya es hora de ejecutar esos proyectos», defendieron los colectivos de toda índole.

«No necesitamos buenas palabras que, desgraciadamente, pronto se olvidarán. No se trata de decir que ‘el que la hace la paga’, se trata de poner los medios para que no la haga nadie. Queremos resolver los problemas que se plantean en Otxarkoaga. Y queremos empezar a resolverlos ya», insistieron.

Confesaron que no será un camino ni sencillo ni corto, pero añadieron que «es tiempo de saber si las instituciones quieren atajar el problema o por el contrario seguir dándonos largas. Si esto sucede –advirtieron–, Otxarkoaga seguirá luchando».

Quienes viven en el barrio y trabajan por él consideran que «tiene futuro y lo tenemos que construir entre todos y todas, por eso estamos aquí». La solución, aclararon, no es llenar Otxarkoaga de policías si no atender las carencias que tienen desde hace décadas.

«Nuestro barrio en estos casi 60 años de historia ha vivido momentos muy duros, pero la unión, el esfuerzo y el trabajo nos han servido para salir adelante. Nadie nos ha regalado nada, y no esperamos que nadie lo haga. Hoy de nuevo tenemos que ponernos en pie y volver a trabajar exigiendo nuestros derechos para que Otxarkoaga esté en el lugar que se merece», señalaron los organismos.