«Estamos actuando de acuerdo a la norma vigente en todo momento y garantizando la seguridad jurídica que pone en duda en su pregunta», ha respondido al portavoz de UPN, Javier Esparza, que había cuestionado a la presidenta «cómo piensa garantizar el Gobierno la igualdad de oportunidades y seguridad jurídica en las convocatorias y contrataciones del Departamento de Educación».

El Ejecutivo, ha dicho, garantizará la igualdad de oportunidades «observando la norma», pues el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad «es un principio constitucional».

Ante la posibilidad de que UPN «haga de verdad creer a la ciudadanía navarra que están desamparados o desatendidos», ha querido enviar el mensaje de que «este Gobierno aplicará la norma, en este caso la norma constitucional, en la protección de la seguridad jurídica en este punto».

«Déjenos trabajar en que el acceso sea justo e igualitario a todo el colectivo docente que se encuentra preparado para poder trabajar por la mejora de la educación de Navarra -ha solicitado-, eso sí es lo que garantiza el futuro de nuestras generaciones más jóvenes y no lo que acaba de hacer».

Barkos se ha dirigido así a Esparza, que, a su juicio, ha optado por emplear la «política de bochinche», lanzando «cuatro medias verdades» y poniendo el foco en la presidencia del Gobierno, «haciéndolo responsable de las siete plagas».

Según el regionalista, «es difícil gestionar peor la educación». «Nunca antes el departamento ha sido gestionado de forma tan desastrosa», ha lamentado Esparza, que ha criticado el «sectarismo» y las «obsesiones compulsivas» de la presidenta.

Tras denunciar la «gestión nefasta» del departamento y el intento de «usar la educación para hacer política nacionalista», ha advertido de que «son incapaces de convocar oposiciones sin generar un problema» porque «todas las convocatorias que han sacado han sido recurridas o están en vías de serlo». «El problema que tiene la educación navarra no son sus consejeros -ha indicado a Barkos-, son sus obsesiones, las suyas única y exclusivamente».

También la consejera de Educación, María Solana, ha respondido a una pregunta sobre los criterios utilizados para establecer los perfiles lingüísticos de las plazas que se van a convocar, en este caso formulada por la parlamentaria de EH Bildu Miren Aranoa. Solana ha afirmado que los perfiles de las 73 plazas previstas «responden plenamente a las necesidades del sistema educativo navarro».

Según ha explicado, el 51 % de los grupos de Infantil y Primaria «están inmersos en programas lingüísticos», un porcentaje que ha previsto que, en un plazo de 3 años, se elevará al 86 %. «En Navarra, en 3 años, el 86 % de las aulas serán de programas de lenguas extranjeras en cualquiera de sus modelos», ha anunciado.

De esta forma, ha garantizado que «el reparto que se ha propuesto para esas 73 plazas de Infantil y Primaria sí responde a la realidad», de hecho, «a una situación que viene derivada de una implantación masiva» de programas lingüísticos como el PAI. «Se advirtió sobre las consecuencias de la situación laboral a futuro de los docentes y es lo que estamos viendo», ha zanjado.

Por otro lado, Carlos Gimeno (PSN) ha preguntado a la consejera su opinión sobre el hecho de que en determinados centros educativos se hayan «reducido sesiones del PAI, al margen de la regulación de los aspectos básicos» recogidos en la legislación navarra.

«No tenemos ninguna constancia de que haya centros que esté impartiendo un menor número de sesiones que las contempladas como de obligado cumplimiento», ha aseverado Solana, que ha considerado que la pregunta del socialista parte de «premisas falsas».

Ha dicho que anualmente se realiza una recogida de datos del número de sesiones por curso y centro, lo cual «permite comprobar que no se ha dado la situación a la que alude la pregunta».

Finalmente, el regionalista Alberto Catalán ha preguntado por las diferencias que se dan entre los centros escolares públicos que tienen implantado el PAI en el número de sesiones semanales en inglés. La consejera ha afirmado que los cambios producidos en cuanto al número de sesiones «han sido mínimos» respecto a la oferta total de cada centro.