Cualquier independentista catalán inquieto ante el incierto futuro puede calmarse estos días pensando que los nervios son mayores en la Moncloa. La obsesión del Estado con evitar la investidura de Carles Puigdemont como president está regalando imágenes ridículas como la de policías custodiando el alcantarillado del Parlament, autos judiciales inverosímiles como el de la negativa a pedir la detención de Puigdemont en Dinamarca –con el objetivo, según el juez Llarena, de impedir su investidura–; o recursos preventivos ante el TC para impedir incluso que sea candidato.

Una obsesión que ayer propició que hasta el Consejo de Estado sacara los colores al Gobierno español en un dictamen sin precedentes, al menos en el contencioso catalán. A mediodía, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció de forma extraordinaria para anunciar un recurso contra el nombramiento de Puigdemont como candidato a la investidura. Un gesto que contradecía lo mantenido hasta el momento por Moncloa, que no había hecho más que retar al president exiliado a regresar si es que quería ser investido. El recurso contaba con la bendición del PSOE y C’s.

El primer paso dado ayer, previo a la presentación formal del recurso ante el TC, fue pedir el preceptivo informe al Consejo de Estado, algo que usualmente no es más que un trámite, pero que ayer al Gobierno español se le giró en contra. Este órgano presidido por José Manuel Romay Beccaría, exsenador y ex tesorero nacional del PP, además de subsecretario de Presidencia y de Gobernación durante el franquismo, le dijo al Ejecutivo de Rajoy que no hay base para pedir la impugnación preventiva de una investidura.

El desplante es de proporciones notables, pero no parece que el informe del Consejo de Estado –que no es vinculante– vaya a echar atrás al Gobierno español, que ayer mantenía su intención de presentar hoy el recurso, exponiéndose a un varapalo todavía mayor por parte del Tribunal Constitucional

El pleno se celebrará el 30

Si, por el contrario, el TC admitiese a trámite el recurso del Gobierno español, la Mesa del Parlament tendría su primer gran dilema. Torrent asumió el cargo con el objetivo de retornar cierta normalidad a la Cámara catalana tras los convulsos últimos meses, pero si el TC suspende la candidatura de Puigdemont, tendrá que elegir entre posibilitar la elección del –ahora mismo– único candidato con posibilidades de ser investido, o acatar al tribunal español.

Junts per Catalunya y ERC mostraron sus discrepancias sobre la fecha del pleno de investidura, que finalmente se celebrará el próximo martes a las 15.00 –JxCat apostaba por el miércoles–. Pero más allá de debates secundarios sobre la fecha, el orden del día del pleno es lo suficientemente diáfano: «Debate del programa y votación de investidura del diputado Carles Puigdemont i Casamajó, candidato propuesto a la presidencia de la Generalitat».

Colau ensaya, sin mucho éxito, nuevas aritméticas en Barcelona

A poco más de un año de las municipales, el debate sobre los presupuestos en el Ayuntamiento de Barcelona anticipa posibles batallas y alianzas futuras, no solo en la propia ciudad condal –donde las elecciones se prevén muy disputadas–, sino en el conjunto de Catalunya, sobre la que la capital ejerce de fuerza tractora. Si nada cambia en las próximas horas, la alcaldesa, Ada Colau, verá cómo mañana el pleno rechaza su proyecto de cuentas para 2018, lo que le obligará a prorrogar los presupuestos del año anterior o a llevar al pleno una moción de confianza que, de ganar, supondría la aprobación automática de las cuentas. Es lo que ocurrió en 2017.

La aritmética del rechazo, sin embargo, se prevé bastante más diferente mañana. El año pasado Colau gobernaba junto al PSC y fueron el resto de grupos municipales los que, en bloque, rechazaron el proyecto. Este año cambió el enfoque del PDeCAT y de ERC, cuyos grupos municipales negociaron con Colau una abstención para facilitar la aprobación de las cuentas. Un paso en el deshielo entre comunes e independentistas o, al menos, la expresión de una voluntad.

Sin embargo, lo que Colau gana por un lado lo pierde por otro. Las bases de su plataforma, Barcelona en Comú, decidieron en noviembre romper el pacto con el PSC; un desplante que su líder en Barcelona, Jaume Collboni, devolvió ayer anunciando su voto negativo. Algo que obligará a Colau a forzar la máquina municipal para poder acabar su mandato con presupuestos.B.Z.