La ratificación de la condena contra el expresidente Lula da Silva confirma la obcecación del golpe de Estado judicial en el que está anegada la política brasileña desde 2016 para expulsar a la izquierda (PT) del poder. El Estado profundo que no dudó en inhabilitar a su sucesora, Dilma Roussef, por haber reducido las cifras de déficit en la presentación de los presupuestos –cuando lo hace la derecha le llaman ingeniería contable–, hará todo lo posible por no soltar a una presa como Da Silva, con una condena en firme y cuando está encausado en otros siete procesos.

La decisión de los jueces de endosarle tres años más de pena forma parte de la estrategia para cortocircuitar definitivamente su carismática candidatura, la única, a falta de relevos internos, capaz de ganar las presidenciales.

El PT ha hecho un llamamiento para doblegar desde la calle el plan antidemocrático y golpista, pero para ello deberá recuperar un pulso político perdido en los quince años en los que se embarcó en una suerte de cohabitación gubernamental con sectores de la derecha –los mismos que le han acabado traicionando–. Un proceso de institucionalización que, más allá de las dudas sobre las acusaciones concretas contra Lula, salpicó de corrupción también a su partido y le forzó a asumir unas dosis de posibilismo (¿realismo?) que ahora le pesan como una losa.

La derecha lo sabe y ha fijado otro clavo en la tumba de Lula. E intentará, como sea, sellarla.