A un recurso excepcional –el «preventivo» del Gobierno español para intentar cerrar el paso a Carles Puigdemont antes del martes– le respondió anoche el Tribunal Constitucional con una resolución aún más excepcional, porque no solo es preventiva sino también condicionada. La solución encontrada para no enmendar la plana al Ejecutivo ni quebrar su unanimidad interna fue declarar que prohíben el Pleno del Parlament en el caso de que se inicie sin la presencia allí de Puigdemont.

Se incluye otro matiz nuevo en la nota del TC: si este quisiera acudir personalmente a la Cámara, se le exige obtener antes una autorización judicial. No deja de ser un brindis al sol, puesto que se ha reiterado hasta la saciedad que si cruza la frontera Puigdemont será detenido y sin duda encarcelado.

La pelota vuelve con ello al tejado del candidato, que ya tenía antes pendiente la decisión de volver o no a Barcelona, y al de los responsables parlamentarios con Roger Torrent al frente, dado que todo apunta a que serán acusados de desobediencia si celebran la investidura de modo telemático o por delegación. El escrito emitido tras la reunión lo anticipa.

Aunque es difícil no acabar enredando a quien lea estas líneas, es importante recordar que en el fondo lo que se ventilaba en este pleito no es más que un intento de veto previo a la investidura. La encrucijada básica no cambia de modo sustancial, porque ya antes de esto Puigdemont tenía que decidir si acudía o no a Barcelona. Y también es seguro que aunque el TC hubiera rechazado este recurso del Gobierno español, luego tendría en su mesa una impugnación posterior a la investidura que será aceptada sin dudas y que dará pie a que el Rey español no firme el decreto correspondiente. En el fondo, por tanto, lo que ha hecho esta iniciativa liderada por Soraya Sáenz de Santamaría ha sido adelantar escenarios.

Falta saber ahora cómo maniobrará Carles Puigdemont y si Roger Torrent sostendrá el pulso. Antes de conocerse anoche esta resolución salomónica del TC, Torrent ya recibió una llamada de la CUP en que se le comunicaba que no iba a estar en un Pleno que estuviera condicionado por el Constitucional. Carles Riera defendió que el refugiado en Bruselas «está materializando y simbolizando un conflicto democrático con el Estado, de legitimidades entre la legalidad española y la legitimidad democrática catalana».

El TC salva la división

Este recurso de última hora del Ejecutivo del PP ha puesto a prueba todas las costuras del sistema. Lo probó primero la opinión en contra del Consejo de Estado, que remarcaba el carácter preventivo y por tanto inaceptable de la impugnación. Y le siguieron ayer primero el informe de los letrados del TC, en la misma línea, y luego la ponencia presentada por el juez Juan Antonio Xiol –al que había tocado en suerte llevar la voz cantante–, partidario también de rechazar simplemente el recurso gubernamental.

Ello hacía prever que posiblemente la impugnación sería rechazada y, lo que resultaba tanto o más grave en términos de Estado, que se rompería la unanimidad absoluta que ha mantenido el Tribunal Constitucional en todas las resoluciones relativas al procés. Así las cosas, toda la tarde los once magistrados se esforzaron en buscar alguna fórmula de compromiso que evitara fisuras internas, y al final apareció esta prohibición condicionada del Pleno. El Gobierno se apresuró a mostrar su satisfacción, que en realidad seguramente era más alivio.

El discurso del candidato, ¿desde el Parlamento de Flandes?

Agencias españolas difundieron ayer tarde, citando «fuentes nacionalistas», que Puigdemont está sondeando la posibilidad de pronunciar su discurso de investidura el martes desde la sede del Parlamento flamenco.

Inicialmente Puigdemont tenía previsto participar ese día en la Universidad de Lovaina en la convención del partido soberanista flamenco N-VA, lo que muestra su buena relación con esta fuerza política, que ostenta la Presidencia del citado Parlamento.

Esta filtración (conocida antes de la decisión del TC) resta fuerza a la opción de que Carles Puigdemont trate de llegar al Parlament catalán, que también quedó algo enfriada por las declaraciones de su abogado, Paul Bekaert, ayer a la agencia de noticias catalana ACN. Dijo que le ha recomendado que no salga de territorio belga hasta que «el Estado español no entre en razón». Para Bekaert, no es aceptable la posibilidad de que un president electo sea encarcelado, aunque obviamente dejó claro que será su cliente quien tome la decisión definitiva. Durante toda la semana Puigdemont ha insistido en que quiere apurar las opciones de estar en Barcelona, pero supeditadas siempre a la existencia de garantías, que tras el dictamen del TC se descartan del todo.

Mientras, Puigdemont recibió ayer a tres diputados de JxCat (Elsa Artadi, Albert Batet y Quim Torrat), aparentemente para abordar posibles pactos con ERC y CUP.