La iniciativa ha sido propuesta de forma conjunta por Elkarrekin Podemos y PP, y ha contado con el respaldo de la coalición abertzale y con la abstención de los partidos que integran el Ejecutivo, PNV y PSE.

Con esta propuesta el Parlamento acuerda abrir una comisión de investigación de «todo el proceso que culmina en la contratación de estas empresas» por parte del Departamento de Educación, asunto sobre cuya vertiente penal ya se pronunció la Fiscalía Superior del País Vasco en 2016, que decidió archivarlo al no encontrar indicios de delito en la actuación de estas empresas.

La Fiscalía del País Vasco abrió diligencias de investigación después de que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) impusiera una sanción de 18 millones de euros a siete empresas por un reparto de mercado y fijación de precios.

Un año después varias de estas firmas recurrieron la multa y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó la sanción en un 60%, aunque entendió que existió un pacto entre ellas y consideró que fue posible gracias a la falta de «reacción, indagación, consulta o prevención» del Gobierno de Lakua.

El Parlamento acuerda ahora investigar si hubo responsabilidades políticas en este caso, posibilidad que rechazó en abril de 2016, cuando no salió adelante una propuesta conjunta similar de PP y UPyD, que fue apoyada por EH Bildu y rechazada por PNV y PSE.

«Se lo debemos a las familias», argumentan quienes respaldan la iniciativa

Desde las filas de las formaciones que respaldan al Ejecutivo, David Latxaga (PNV) se ha mostrado muy critico con los promotores de la iniciativa y les ha acusado de «querer ensuciar la política vasca y ponerla en el nivel de corrupción que hay en el Estado» porque «no buscan la verdad ni la investigación, sino el titular».

Ha dejado claro que su partido «no tiene nada que esconder», ha defendido que el Gobierno de Lakua «actuó al instante» a través de la AVC, y ha cuestionado que los parlamentarios cuenten con más capacidad investigadora que este órgano o la Fiscalía.

Su socio José Antonio Pastor (PSE) ha subrayado que la AVC determinó que no hubo «complicidad» de la Administración con las empresas. «Depurar responsabilidades es responsabilidad de la AVC, no nuestra, pero no obstaculizaremos la puesta en marcha de la comisión».

Entre los proponentesde la iniciativa, José Ramón Becerra (Elkarrekin Podemos) ha subrayado que «hay miles de familias que han sufrido» un sobrecoste en el pago de las cuotas del comedor por el «acuerdo ilegal entre empresas» y ha defendido que «es a esas familias es a las que se les debe esta comisión».

Ha dejado claro que su grupo no dice que hubiese «complicidad» entre el Gobierno autonómico y estas empresas, sino que «hubo inacción», lo que ha redundado en un «enorme agujero patrimonial», que ha cifrado en 130 millones.

Juana Bengoechea (PP) ha replicado al PNV que «intentar controlar su acción política no es ensuciar la política. La intervención de Latxaga ha sido como la del amo que habla a sus criados. ¿Pero estamos tontos o qué?».  Ha defendido así investigar decisiones «erróneas» que se hayan podido tomar «por dejadez, por ignorancia o por lucro».

EH Bildu ha apoyado la iniciativa de las dos formaciones anteriores. Eva López de Arroyabe ha opinado que hay que dar una respuesta a las familias que «soportan el peso de la dudosa gestión directa de los comedores escolares».