Beltrán ha comparecido en el Parlamento navarro a instancias de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, y ha destacado que esta agenda común debe ir más allá de cualquier sesgo político porque se refiere a derechos humanos básicos y debe basarse en parámetros internacionales. Además, ha añadido que este es un buen momento para proceder a esta iniciativa, ya que han pasado siete años del cese de las acciones armadas de ETA.

El director de AI ha subrayado que esta agenda común debe tener en cuenta las vulneraciones sufridas por las vícitmas de ETA y también los del BVE o GAL y las de la tortura. En este sentido, ha lamentado que el Estado español «siga estando varios pasos por detrás», puesto que no ha permitido el acceso a la verdad, «ya que hay información completa», y no constan datos de ninguna investigación sobre víctimas del BVE.

Beltrán también ha subrayado que el camino de la reparación es «desigual», ya que mientras el 98,11% de las víctimas de ETA han sido indemnizadas, las del GAL han visto denegadas las ayudas y su reconocimiento como «víctimas del terrorismo». En este sentido, ha recordado hay 27 víctimas mortales del GAL, pero solamente doce sentencias, de las que cuatro fueron dictadas por tribunales franceses. «El 37% de los casos están sin esclarecer», ha señalado. 

El director de AI en el Estado español ha destacado también que la práctica de la tortura es una realidad, aunque ha calificado de «exagerada» la cifra de 10.000 casos que manejan algunos grupos. En cualquier caso, ha recordado que el informe del Gobierno de Lakua constata la existenciade al menos 4.100 casos, de los que 292 son navarros.

«Pese a estas cifras, el Gobierno central ha negado siempre la tortura, lo que demuestra nula voluntad para afrontar una cuestión decisiva en materia de derechos humanos», ha señalado Beltrán, que también ha subrayado que «los presos tienen derecho a cumplir su condena en una prisión cerca a su residencia habitual siempre y cuando soliciten el traslado de forma individual, como ya están haciendo».

Virigina Alemán (Geroa Bai) ha lamentado que el Estado español siga ignorando las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos» y ha criticado que el PP carezca de voluntad política en este ámbito.

Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha subrayado también que el informe de AI y los de otros organismos internacionales dejan en evidencia las carencias del Estado español y ha recordado que el Gobierno español recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley elaborado por el Parlamento navarro para lograr el reconocimiento de las víctimas de violencia policial y ultraderechista.

Laura Pérez (del grupo parlamenta rio Podemos-Ahal Dugu) ha denunciado que existe «connivencia legal e institucional» y que no hay ni verdad, ni justicia, ni reparación en el tema de la tortura» y también ha acusado al PP de «impedir el acceso a la verdad».

Inma Jurío (PSN) ha señalado que «hay fallas dentros de los derechos nacionales» y ha justificado que haya habido «una legislación antiterrorista porque ha habido terrorismo». A su juicio, medidas como la incomunicación están justificadas.

José Miguel Nuin (I-E) ha proclamado que «todas las vícitmas de vulneraciones de derechos humanos tienen los mismos derechos» y ha acusado al Estado español de no haber actuado de manera democrática en esta cuestión estos últimos 40 años.

Iñaki Iriarte (UPN) ha defendido que se garantice el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, pero inmediatamente ha apostillado que este planteamiento «no puede servir para difundir el mensaje de que todos ejercieron una violencia ilegítima por igual». «No ha habido un conflicto armado, sino un terorrismo de libro», ha insistido.

Javier García (PP) ha dado más validez a los tribunales españoles que a los organismos internacionales y ha negado que la tortura sea una práctica sistemática en el Estado español.