El magistrado Llarena ha acordado declarar compleja la causa compleja contra el procés a petición del fiscal y con el acuerdo de todas las partes, es decir, la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por el partido ultraderechista Vox, además de la práctica totalidad de las defensas de los imputados.

La medida permitirá al magistrado extender el plazo para culminar el sumario de los seis meses previstos por la ley en principio hasta un máximo de dieciocho. La declaración de complejidad permite al juez disponer de más plazo, pero no le obliga a nada.

La práctica totalidad de las defensas se han mostrado a favor de ampliar el tiempo la investigación. Han mostrado su adhesión el vicepresidente Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell; los exmiembros de la Mesa Anna Simó, Joan Josep Nuet, Ramona Barrufet, Lluis Corominas y Lluis Guinó.

También el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; los consellers Carles Mundó, Raül Romeva, Joaquim Forn y Meritxell Borrás; el expresidente de la Generalitat Artur Mas; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.

El pasado 15 de febrero, la Fiscalía del Supremo solicitó al juez Llarena declarar compleja esta causa teniendo en cuenta el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) al tener en cuenta al número de investigados; a la necesidad de examen de una abundante documentación obrante en la causa y al número de incidentes procesales referidos a medidas cautelares o solicitud de diligencias de investigación, lo que exige la revisión de la actuación de los investigados en diferentes ámbitos que incluso se prolongan en el tiempo.

Para el magistrado instructor «la imputación a gran número de personas» en este procedimiento judicial es el motivo «suficiente para declarar la complejidad de esta causa», según subraya en su auto, en el que también asume el resto de las alegaciones que expuso la Fiscalía en su escrito.

Advierte, además, que aumentar el plazo de instrucción no impide que «tras las diligencias que deban practicarse» puedan resultar implicados en los hechos otras personas.

Según dice el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) «las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas».

Esto correspondería al auto dictado el pasado 31 de octubre por la Sala de admisiones del Tribunal Supremo con en el que admitió a trámite la querella por rebelión, sedición y malversación presentada por la Fiscalía contra los miembros de la Mesa del Parlament que participaron en el procés y la declaración de independencia.

No obstante, la ley prevé que ante la expiración de ese plazo –que finalizaría el próximo mes de abril– el juez instructor puede acordar la complejidad de la causa si así lo solicita la Fiscalía, y tras escuchar a las partes, y aumentar el plazo de investigación hasta los «dieciocho meses».